La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión para Acosta, actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, por los presuntos delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador único.
En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, el expresidente del Cabildo llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.
En concreto, dice, “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”.
Las irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”. El Ministerio Fiscal subraya que esas deficiencias impedían “sistemáticamente” que las cuentas “reflejasen la imagen fiel” de la empresa pública.
Multa de 48.000 euros
La Fiscalía pide, también, que Acosta sea condenado a una multa de 48.000 euros en concepto de responsabilidad personal subsidiaria.
No obstante, el montante económico global solicitado sería mayor en caso de que haya resultado de condena, toda vez que la Fiscalía pide que el que fuera concejal de Urbanismo de Pájara indemnice al Ayuntamiento “en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios económicos causados” por la gestión de Gesturpa.
