El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Puerto del Rosario ha declarado abierto el juicio oral contra Blas Acosta, expresidente del Cabildo de Fuerteventura y secretario insular del PSOE, por el conocido como Caso Gesturpa, según publica este lunes Diario de Fuerteventura.
De esta manera la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión para Acosta por los presuntos delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador único.
Según recoge la publicación, el Juzgado ha atendido la petición de la Fiscalía, que solicitó la apertura de juicio oral. La juez María Coromoto Lozano señala en el auto que "las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad" en el ámbito penal.
En una resolución posterior, dictada el miércoles de la semana pasada, el Juzgado de Instrucción ordena que, al haber sido presentado el escrito de defensa por parte de Acosta, la causa pase al Juzgado de lo Penal para que se celebre el correspondiente juicio contra el que fuera concejal de Urbanismo de Pájara durante varios mandatos.
En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, el expresidente del Cabildo llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.
En concreto, destaca la Fiscalía, “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”.
Diario de Fuerteventura desvela que las irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”. El Ministerio Fiscal subraya que esas deficiencias impedían “sistemáticamente” que las cuentas “reflejasen la imagen fiel” de la empresa pública.
El fiscal Tomás Fernández de Páiz, especializado en delitos económicos, detalla que el 27 de marzo de 2012, la empresa administrada por Blas Acosta concertó un préstamos con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica”.
Ese préstamo, agrega el fiscal, se concedió para el pago de deudas “que no figuraban en la contabilidad” de Gesturpa, una empresa municipal que se concibió originalmente para la construcción de viviendas de promoción pública en el municipio de Pájara.
Multa de 48.000 euros
En la información hecha pública este lunes por Diario de Fuerteventura se detalla que la Fiscalía pide, también, que Acosta sea condenado a una multa de 48.000 euros en concepto de responsabilidad personal subsidiaria.
No obstante, el montante económico global solicitado sería mayor en caso de que haya resultado de condena, toda vez que la Fiscalía pide que el que fuera concejal de Urbanismo de Pájara indemnice al Ayuntamiento “en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios económicos causados” por la gestión de Gesturpa.
