Las viviendas se pusieron en alquiler para familias vulnerables, a precios desde los 360 euros, según superficie.
El anuncio animó a las familias a presentar solicitud ante ICAVI. Una vez aprobada por el Instituto Canario de la Vivienda tras constatar que cumplían con los requisitos necesarios para optar a las Viviendas de Protección Oficial, los hoy residentes se trasladaron.
Según el testimonio de Javier Béjar residente desde marzo de 2023, las viviendas fueron adjudicadas a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) bajo la promesa de precios sociales.
“Nos hablaron de alquileres de 360 euros en la web del Gobierno de Canarias. En la práctica, no hay nadie pagando eso”, lamentó explicando que “en ningún caso baja de los 460; 100 euros más de lo que anuncia el cartel publicitario que está expuesto en el exterior del edificio y por supuesto mucho más de lo que publicitaba en la página web del Gobierno de Canarias”.
Alberto Flores, otro vecino, explica que desde el inicio, le subieron la cuota de 450 euros a 555 euros .“Nos añadieron 55 euros de gestión, que representan un 11% de la renta, sin justificación legal, lamentó. Pero la gota que colmó el vaso fue la carta, remitida por la empresa el 30 de noviembre, “en la que decían que tendríamos que pagar 690 euros”, lamentó.
La carta en cuestión la mandó la empresa sin el membrete del Instituto Canario de Vivienda lo que hizo sospechar al vecindario sobre la legalidad del incremento a aplicar, en función de la superficie del inmueble.
Asesorados por un abogado, remitieron un burofax a la adjudicataria negándose a abonar la subida y, rápidamente, la empresa contestó que no aplicaría ese incremento hasta contactar, por escrito, con el ICAVI.
Joselene Matos, también residente en el edificio, recuerda que la presión económica ha sido tal que varias familias han tenido que abandonar sus viviendas, “incapaces de hacer frente a alquileres que rozan los 800 euros mensuales” sumando supuestos conceptos de “comunidad” y mantenimiento, de dudosa legalidad. Y más, teniendo en cuenta la falta de limpieza que se observa en todos los rincones.
Los vecinos, preocupados, también acudieron al Ayuntamiento y se reunieron con la edil de Vivienda, Toñi F. Aragón, quien no hizo sino acrecentar las dudas sobre la situación del edificio asegurando que “es de propiedad privada” y que “poco puede hacer”.
Los residentes muestran ahora su preocupación por la incertidumbre que les genera la titularidad real del inmueble. “Ni la empresa nos responde a correos ni el ICAVI da explicaciones claras. No sabemos si esto sigue siendo público o si ya es completamente privado”, señalan.
Tampoco tienen claro qué ocurrirá con el contrato de alquiler “que según la ley para este tipo de vivienda es de 30 años, aunque en el contrato solo figura una duración de diez”; después de este tiempo, advierten, nadie sabe qué va a pasar con los inmuebles.
Los vecinos han recurrido al Diputado del Común y a los medios de comunicación para visibilizar lo que consideran un caso flagrante de abuso con dinero público.
“Queremos que el ICAVI actúe, que fiscalice a Bonete Garden y que no se sigan riendo de nosotros. Esto no es una vivienda social, es un negocio a costa de la miseria de la gente”, concluyen confiando en que la situación se aclare en su próxima reunión con responsables del Instituto Canario de la Vivienda.
