No se puede mirar hacia otro lado con una problemática tan grande como la que sacude a la isla de Fuerteventura y a las más de 700 familias que se están viendo directa e indirectamente afectadas por el futuro del hotel Oliva Beach y el Tres Islas.
La exponencial tensión y nerviosismo que asola a los damnificados por la incógnita que gira en torno a si estos icónicos hoteles van a ser derruidos o no es más que comprensible. No se sienten respetados, no sienten ningún tipo de apoyo institucional que les permita ver algo de luz al final de un camino que resulta interminable. Sienten que no solo está en juego la permanencia de unos enclaves que, a Fuerteventura, le reporta 45 millones de euros al año, sino que también está en el aire el futuro laboral de más de 1.000 personas de forma directa e indirecta.
Salvar el Oliva Beach y el Tres Islas es una cuestión de justicia y de respeto para con la ciudadanía majorera. No podemos dejar en manos del Ejecutivo central una cuestión que, como ha señalado en reiteradas ocasiones el diputado nacionalista en las Cortes, Pedro Quevedo, es competencia exclusiva del archipiélago. No se pueden tomar decisiones tan importantes sin atender a razones. Que desde el Gobierno de España se prive a la comunidad autónoma de Canarias de su capacidad de decisión, lejos de ser una ayuda, se traduce en un intento de torpedeo flagrante sobre un proyecto de generación de riqueza propuesto en las costas del Archipiélago que es esencial en unos momentos económicos y sociales de extrema dureza para con el pueblo majorero y, por extensión, para con el pueblo canario.
Las diversas manifestaciones realizadas en los últimos meses, y sobre todo la última que ha sido convocada esta semana, no es más que el reflejo de una sociedad que se siente castigada y que lleva meses mezclando hartazgo y desazón sin que nadie haga nada al respecto.
Debemos pensar en el desarrollo económico, social y ambiental de Fuerteventura. Una isla que, por cierto, ha sido de las más afectadas por el impacto de la pandemia, una isla que lucha por sobrevivir día a día cuya principal fuente de beneficios e ingresos es el turismo. Dejando la idea de salvar el Oliva Beach y el Tres Islas de lado, no solo se le está dando la espalda a una comunidad que necesita más que nunca de nuestro apoyo, sino que también se está imposibilitando a nuestra tierra la capacidad de crecimiento y eso es, cuanto menos inaceptable. Al margen del debate sobre la ubicación de estos hoteles, esta cuestión ha sido superada por la realidad de las 1000 familias que dependen de su continuidad.
Si no nos ponemos del lado de los que nos necesitan, habremos conseguido un doble fracaso que será imperdonable. Por un lado, los representantes políticos habremos fallado a los que más nos necesitan, a los que ya no saben cómo gritar que necesitan de nuestra ayuda y, por otro, habremos fallado a la isla de Fuerteventura puesto que se le habrá robado la posibilidad de mantener un espacio que le impulsa a florecer en tiempos oscuros. Salvar el Oliva Beach y el Tres Islas es de justicia.
Lorena López
Portavoz insular de Nueva Canarias Fuerteventura