El incidente entre Irene Montero, exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, y el Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, se ha convertido en un tema polémico tras una publicación en redes sociales. Montero compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparecían unas piedras pintadas, lo que llevó al Ayuntamiento de La Oliva a acusarla de dañar elementos naturales protegidos, sugiriendo que las piedras podrían haber sido tomadas de la isla.
El Ayuntamiento de La Oliva criticó esta acción, alegando que iba en contra de la Ley de Patrimonio Natural y advirtiendo sobre el riesgo de un posible «efecto dominó» que podría tener repercusiones negativas para el entorno natural. Instaron a Montero a aclarar el origen de las piedras y a rectificar públicamente si estas habían sido extraídas de las playas de Fuerteventura.
Montero, por su parte, rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de "mentira y vergonzosa". Afirmó que el Ayuntamiento difundió información falsa sin verificarla adecuadamente y exigió una rectificación tanto del Ayuntamiento como del alcalde, Isai Blanco. En su respuesta, Montero también señaló que en su visita a Fuerteventura estuvo con amigas y no con su familia, como se había insinuado en el comunicado del Ayuntamiento.
Este intercambio subraya las tensiones que pueden surgir en torno a la protección del patrimonio natural y el impacto de las redes sociales en la percepción pública de acciones relacionadas con la conservación medioambiental.
