El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, ha anunciado que ha dado traslado a los servicios jurídicos del Cabildo de Fuerteventura para que conteste a la Delegación del Gobierno sobre el informe que obligaría a la anulación de todas las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno, a partir del 22 de diciembre cuando se produjo el cese de los cuatro consejeros populares.
En los últimos tres meses se han sacado a licitación contratos por más de 35 millones de euros; “pero, al ser nulos, las personas físicas o jurídicas adjudicatarias están en su derecho de reclamar las correspondientes indemnizaciones”, asegura el Partido Popular a través de su candidata a la primera institución insular, Jéssica de León.
Según la portavoz nacionalista, Lola García, “lo peligroso aquí es que el desgobierno en minoría de Lloret ha tomado acuerdos de temas que son de máxima prioridad para Fuerteventura, como la atención de la dependencia o el contrato millonario para carreteras. A pesar de que le advertimos que estaba gobernando al margen de la legalidad, Lloret hizo oídos sordos sin tener en cuenta el riesgo de resultar nulos”.
A pesar de las duras declaraciones de la oposición, Lloret quitó hierro al asunto y destacó, en declaraciones a los medios de comunicación, que se trata de un requerimiento “al que contestaremos con el fundamento y la opinión jurídica que tienen los servicios de la institución insular”.
Para Lloret es “normal que (la Delegación del Gobierno) se interese por una situación que no es normal….y lo mismo sentamos cátedra”.
No es el primer requerimiento que recibe el Cabildo de Fuerteventura, insistió, “contestaremos argumentando los fundamentos jurídicos que hasta ahora hemos expuesto con claridad; se ha dado traslado de los distintos informes a toda la corporación, se resolvió, fundamentado también en los servicios jurídicos, un recurso de reposición que planteaba el Partido Popular”.
Lo que quiere la Delegación de Gobierno, explicó, es conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa el funcionamiento del Consejo de Gobierno que ahora se convoca, en primera convocatoria, con el presidente y el consejero secretario. Lloret recuerda no haber propiciado esta situación “ya que tuve que echar a unos consejeros y otros decidieron salir con la intención de hundir el barco; los primeros, Coalición Canaria, y los segundos, el Partido Popular”.
Hay un mes para contestar, subrayó, y ya se ha dado traslado a los servicios correspondientes para que emitan el informe. En el ámbito jurídico, “pedí un informe que me dice la ley que tengo que pedir”, en base a ello se actúa, dijo.
Para Lloret, la única salida que cabe es la interpretación de los tribunales “y ya ha habido pronunciamientos del Tribunal Supremo que avalan el funcionamiento de órganos con dos miembros”. En la contestación al recurso presentado por los populares, el razonamiento jurídico se basó en tres sentencias del Supremo, zanjó.
Lloret volvió a destacar que se trata de una estrategia de PP y CC “para intentar provocar la paralización del Cabildo. Una irresponsabilidad paralizar el funcionamiento de la corporación”.
El presidente insular también anunció que esta semana debe comparecer ante la Inspección de Trabajo para dar cuenta de su situación laboral después de que hiciera pública la solicitud de su baja, durante dos meses, hasta el pasado 14 de marzo en lugar de acceder al permiso por su reciente paternidad.
