El gobierno insular ha dado cuenta este viernes, en sesión plenaria, del acuerdo adoptado por el Consejo para rechazar el requerimiento de la Delegación del Gobierno que instaba a la corporación a anular los acuerdos adoptados desde que únicamente dos personas lideran la institución.
Con el rechazo al requerimiento, tras una denuncia interpuesta por Coalición Canaria, y el desestimiento al recurso de reposición presentado, anteriormente, por el Partido Popular, Lloret confía en continuar gestionando la institución “a velocidad de crucero”.
Sin embargo, para SOS Fuerteventura, “el actual gobierno del Cabildo y los acuerdos adoptados por este delirante y moribundo Consejo insular” constituyen “una anomalía” democrática, administrativa e institucional a la que debe ponerse fin.
"Irresponsabilidad de los grandes partidos"
A juicio de Luis del Pozo, portavoz de la plataforma, es la sociedad civil, a través en este caso de SOS Fuerteventura, la que “tendrá que tomar cartas en el asunto para resolver los problemas de la Isla”.
En este punto, lanzó duras críticas a los partidos mayoritarios en el gobierno PSOE, PP y CC que han obrado con “irresponsabilidad”, y han posibilitado “el consentimiento encubierto” por estar “más pendientes de sus campañas electorales, encuestas, propaganda electoral, listas, candidaturas y aritmética política para después del 28M”.
Del Pozo asevera que los consejeros de PSOE, CC y PP tienen quórum necesario “para solicitar de forma directa dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, el órgano jurídico de mayor rango a nivel administrativo en la comunidad Canaria”.
Una medida que no han adoptado y que impulsa ahora la plataforma porque, de esta forma, “se obliga al Cabildo a solicitar dicho dictamen previo a su resolución”.
Para el portavoz de la plataforma ,"se están aprobando acuerdos, significativos, con una representatividad que no llega ni al 10%, y hay que parar esta situación”.
Por eso, explica, se promueve esta revisión de oficio de todos los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno desde la dimisión de los consejeros populares.
El dictamen del Consejo Consultivo de Canarias establecerá una interpretación que ayudará a determinar, de una vez por todas, “si hay quórum o no hay quórum”; es decir, si el procedimiento se ajusta a derecho o no.
Tras el registro del recurso, el Cabildo "tiene la obligación" de dar traslado al Consejo Consultivo de Canarias que en el plazo máximo de seis meses, podrá elaborar un informe previo de resolución que será “preceptivo y vinculante”.
Responsabilidades "penales y patrimoniales"
Si el Cabildo, explica del Pozo, optara a un acuerdo contrario al dictamen del Consejo Consultivo “estaría incurriendo, directamente en prevaricación y, podría ser, denunciable ante los tribunales ordinarios de justicia”.
Es más que probable que el dictamen no llegue antes de celebrarse los próximos comicios, previstos para el próximo 28 de Mayo, y que se haya constituido un nuevo gobierno insular.
En el caso de que el dictamen obligue a anular los acuerdos, la persona que ostente la Presidencia en la primera corporación insular “podrá estimar la solicitud y declarar nulos todos los acuerdos, serían todos revocados”.
La responsabilidad de la resolución recaerá, así, sobre el presidente o presidenta que en ese momento tuviera obligación de comunicar el acuerdo; de lo contrario, “estaría prevaricando y podría incurrir en responsabilidades penales y patrimoniales”, concluyó.
