El Consejo de Gobierno de la primera institución insular de Fuerteventura, integrado por el presidente, Sergio Lloret, y el consejero Juan Nicolás Cabrera acordó este jueves no anular los acuerdos de Gobierno adoptados en los Consejos integrados únicamente por dos personas y rechazar el requerimiento realizado, en este sentido, desde la Delegación de Gobierno.
Una decisión, explicó Lloret ante los medios de comunicación, basada en el informe de los Servicios Jurídicos del Cabildo de Fuerteventura, que son los competentes, recalcó, y que “de forma contundente”, han declarado que los acuerdos son “perfectamente válidos y ajustados a derecho”.
Lloret apunta, incluso, a un “posible indicio de desviación de poderes ya que el requerimiento tendría que haber venido acompañado de un informe….y no había ningún informe que sustentase el planteamiento que hacía”.
También criticó el hecho de que el documento no reflejara quién fue el autor de la denuncia que derivó en el requerimiento.
A su pregunta, la Delegación de Gobierno dio cuenta de la denuncia presentada por Coalición Canaria en el mes de enero por posible nulidad de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno desde que intervienen únicamente dos integrantes; un hecho que se produce tras el cese de los consejeros de CC y después de que el Partido Popular decidiese, a finales del pasado mes de diciembre, "abandonar el barco y, luego, tratar de hundirlo", subrayó LLoret.
En la misma línea que los nacionalistas, el PP presentó recurso ante el Cabildo entendiendo que la ley exige a los órganos colegiados tres personas como mínimo, según marca el reglamento interno de la corporación.
Sin embargo, los servicios jurídicos de la propia institución insular emitieron un informe que permitió rechazar el recurso presentado por los populares, destacando la posibilidad de que, en primera convocatoria, sean suficientes dos personas.
Una conclusión en la que Lloret basa su gestión para continuar convocando Consejos de Gobierno y adoptando acuerdos que suponen, en algunos casos, contratos millonarios como el del plan de mantenimiento de la red insular de carreteras a cinco años (prórroga incluida) por valor de 45 millones de euros.
Ahora, los servicios jurídicos del Cabildo vuelven a ratificarse y a considerar válidos los acuerdos del Consejo de Gobierno de Lloret y Juan Nicolás Cabrera, y rechazan el requerimiento del Gobierno.
En la sesión plenaria de mañana viernes, Lloret dará cuenta de la decisión que, una vez cuente con la certificación correspondiente, será trasladada a la propia Delegación del Gobierno.
Tras la notificación, la Delegación de Gobierno tendrá dos meses de plazo para presentar, si lo estima oportuno, un contencioso administrativo para instar a la nulidad de los acuerdos.
Para LLoret, el recurso del PP en el Cabildo y la denuncia de CC ante la Delegación de Gobierno, responden a "una operación política y estratégica" por una situación "que ni Juan Nicolás ni yo, hemos propiciado", concluyó.
