El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, firma el requerimiento por el que la Delegación solicita al Cabildo de Fuerteventura, la remisión de todos los actos administrativos dictados por la entidad, a partir del 22 de diciembre de 2022.
Fecha en la que tras el cese de los siete consejeros nacionalistas y la dimisión de los cuatro consejeros populares, los Consejos de Gobierno de la corporación insular comienzan a celebrarse, en primera convocatoria, con el Presidente, Sergio Lloret, y un consejero delegado, Juan Nicolás Cabrera.
En la sesión de 28 de diciembre, se aprueba, como primer punto del orden del día, la dación en cuenta del informe recabado de la Dirección de la Asesoría Jurídica y Defensa en Juicio respecto al número necesario de miembros del Consejo de Gobierno insular.
Un informe, que según el requerimiento, “continúa efectuando una interpretación de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Cabildo..conforme al que el mínimo de 3 miembros, sólo se exige para la segunda convocatoria”.
La Delegación del Gobierno considera que el objeto del requerimiento, no es a su juicio, la incorrecta constitución del Consejo de Gobierno sino “la anulación de todos aquellos acuerdos del órgano colegiado (Consejo de Gobierno) que han sido adoptados “con vulneración del quórum mínimo de constitución”, extablecido, expresamente, en el artículo 42 del Régimen Orgánico del Cabildo insular de Fuerteventura.
Además, destaca que “resulta incongruente, ilógico y contrario ala finalidad y espíritu de las nombas examinadas (artículo 3.1 Código Civil), pretender que el quórum inicial sea menor al exigido expresamente por la normativa para facilitar la constitución del órgano en segunda convocatoria”.
De esta forma, el informe establece que la correcta constitución del Consejo de Gobierno insular requiere un mínimo de tres integrantes, incluyendo al Presidente.
Un quórum mínimo que no se ha dado en las sesiones celebradas el 30 de diciembre, el 12 y 27 de enero.
Por este motivo, la Delegación requiere al Cabildo que en el plazo de un mes “anule la aprobación de todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno..por ser contrarios al ordenamiento jurídico”; sin perjuicio de que esta Corporación pueda, anes del vencimiento del indicado plazo, acreditar “fehacientemente” lo contrario.
