Este martes ha dado inicio el juicio contra el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, por el caso de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara, Gesturpa, en el Juzgado de lo Penal número 2 en Puerto del Rosario. La Fiscalía pide cuatro años y tres meses de prisión para el expresidente del Cabildo y, en aquel entonces, edil en Pájara, por administración desleal e insolvencia punible.
En la primera jornada ha declarado quien fuera auditor de Gesturpa, Miguel Ángel Ramírez, en el período 2011 y 2014 cuando se perciben, indicios de irregularidades en la sociedad municipal que administraba Acosta.
Un período en el que Gesturpa pasa de tener 241.000 euros en positivo en sus cuentas a un saldo negativo de 1.991.000 euros.
Años en los que la mercantil “siempre pierde”, según insistió el fiscal, Tomás Fernández de Paiz, y corroboró el propio administrador: “la sociedad no fue nunca viable, en 2008 cuando yo empecé ni tampoco antes, como me comunicó el anterior auditor”, declaró.
Su objeto, explicó, fue poner en el mercado promociones que venían de hace años y gestionar las propiedades por interés social. Las obras se realizaron en un período muy anterior y la entidad dejó de ejecutar obra.
En el período analizado, aseveró, la empresa seguía viva, con 46.000 euros de gastos de personal, pero sin actividad.
En esta situación que evidenciaba la inviabilidad de la empresa, el auditor declaró que en todos los ejercicios sus informes anuales recogieron: “se incurre en causa de disolución”.
Una disolución que no se produce hasta 2015 cuando ya hay una denuncia interpuesta, recalcó el fiscal. Por eso, una y otra vez preguntó por qué no se procedió a disolver la mercantil en tantos años y apuntó como responsable, por ley, al acusado quien tenía potestad puesto que en todo este tiempo ejerció como administrador único.
Sin embargo, el auditor insistió en que el Ayuntamiento estaba informado de la situación. Aseguró que con carácter general todo el mundo sabía que la empresa no era viable, “solo faltaba colgarlo en el tablón de anuncios”, manifestó y recordó que así lo recogió también el acta de alguna sesión plenaria, en el año 2012.
Un “préstamo” convertido en subvención
El fiscal incidió especialmente en un supuesto “préstamo” que el Ayuntamiento habría hecho a Gesturpa aunque el auditor no lo reconoció como tal. Explicó que tras el Real Decreto del ministro Montoro para recortar el tiempo de pago a proveedores de la administración pública, el gobierno de Pájara decidió abonar las facturas pendientes de los acreedores de las empresas públicas.
Así lo hizo también con Gesturpa y procedió, entre otras, al abono de la factura de 2006 por unas obras relativas a alumbrado público en Costa Calma y que, según el auditor, Gesturpa nunca tuvo en su poder y no la contabilizó hasta 2012.
Según su declaración, el ayuntamiento hizo una encomienda de gestión a Gesturpa pero nunca le ingresó el importe para cubrir la cantidad y la factura quedó en un cajón en dependencias municipales hasta que, en 2012, se procedió a su abono.
Tales movimientos no se reflejaron en la contabilidad de la empresa que presenta “muchas salvedades”, subrayó el fiscal quién cuestionó cómo el administrador permitió que el Ayuntamiento endosase una deuda - que Gesturpa no tenía contabilizada- de casi un millón de euros.
Este pago del Ayuntamiento directamente a los proveedores convertido en “préstamo” fue sin duda el declive total para Gesturpa, subrayó el fiscal.
Una subrogación de deuda que se convertiría en subvención, en 2016, según el auditor.
Miguel Ángel Ramírez que trató de exculpar a Acosta en todo momento aseveró, a preguntas de la letrada, que Acosta no intervino en la concesión de un préstamo del Ayuntamiento, ni agravó la insolvencia de la sociedad, ni realizó nuevos contratos ni contrajo nuevas deudas, defendiendo así su gestión al frente de Gesturpa. Una empresa "complicada" cuya disolución comenzó en 2016 y a día de hoy, todavía no ha sido liquidada.
Con posterioridad prestaron declaración el perito judicial Tomás Ramírez y el perito de la defensa, Francisco Ronda, además del actual liquidador de Gesturpa Eugenio Vidal.
El juicio continuará mañana con la declaración del propio Blas Acosta.
