El Partido Popular de Puerto del Rosario, a través de su portavoz municipal, Ana Padilla, ha manifestado su rechazo a la obligatoriedad impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez de implementar una tasa de basura que deberán pagar íntegramente los ciudadanos a partir del próximo 10 de abril de 2025.
Según la normativa, los ayuntamientos estarán obligados a repercutir el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos, eliminando la posibilidad de asumir parte de ese gasto con los presupuestos municipales, como se venía haciendo hasta ahora.
Padilla ha calificado esta medida como un "ataque directo a los bolsillos de las familias, especialmente aquellas con menos recursos, que verán cómo su factura se dispara para cubrir unos costes que antes podían ser asumidos por los municipios". Actualmente, muchos ayuntamientos financian hasta el 40% del coste del servicio con recursos propios, pero esta nueva normativa les obliga a trasladar todo el gasto a los vecinos.
La portavoz popular también ha denunciado que la imposición no responde a ninguna obligación europea. "La normativa comunitaria no exige que el 100% de los costes sean trasladados a los ciudadanos. Existen alternativas, como las inversiones en infraestructuras de residuos, que el Gobierno de Sánchez ha ignorado deliberadamente para optar por la solución más perjudicial para los ciudadanos", afirmó.
El PP considera que esta medida supone una violación flagrante de la autonomía municipal. Según Padilla, "la normativa invade competencias locales al impedir a los ayuntamientos gestionar los tributos según las necesidades de sus vecinos".
Además, criticó que el Gobierno no haya tenido en cuenta las realidades diversas de los municipios, aplicando la misma norma a localidades grandes y pequeñas sin escalado temporal ni adaptación a las características económicas y demográficas de cada lugar.
Los ediles del PP de Puerto del Rosario advierten que esta medida también desincentiva el reciclaje y las inversiones necesarias para mejorar la gestión de residuos. "Si cada mejora, como renovar camiones de recogida o modernizar plantas de tratamiento, debe repercutirse al ciudadano, los municipios no se atreverán a hacerlas para no incrementar aún más los recibos. Esto supone un paso atrás en la economía circular y en el compromiso con la sostenibilidad", concluyó Padilla.
