La suma de la superficie de los tres permisos solicitados para explorar tierras raras en Fuerteventura duplica la extensión de los principales núcleos poblacionales de la Isla juntos.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, apela a esta comparativa para alertar sobre la verdadera dimensión del problema y de los “desmesurados destrozos” que esto supondría para nuestro territorio”, exponiendo que “si sumamos la superficie de las tres áreas que han sido solicitadas para las prospecciones, el resultado abarcaría aproximadamente 45 kilómetros cuadrados del territorio insular.
El doble de extensión que si sumamos los kilómetros cuadrados de los principales núcleos poblacionales de cada municipio: Puerto del Rosario, Corralejo, Caleta de Fuste, Morro Jable, Gran Tarajal y Betancuria, que juntos suman alrededor de 20 kilómetros cuadrados”.
Teniendo en cuenta estos datos, tanto la presidenta, Lola García, como el vicepresidente, Blas Acosta, hacen hincapié en la amenaza sin precedentes que supone esta actividad minera invasiva para el territorio majorero, saltándose la planificación insular e invadiendo zonas protegidas de alto valor natural y patrimonial de la Isla.
Asimismo, denuncian que, a pesar de haber tomado acuerdos plenarios dirigidos a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias y mostrado el rechazo de las instituciones y sociedad majorera a las tierras raras, el pasado día 15 de abril se publica un nuevo permiso, el mayor de los admitidos a trámite hasta ahora.
Por ello, explica Lola García, “nos vemos obligados a recurrir a nuevas vías administrativas para detener este atropello y esta sordera institucional por parte de los responsables del Gobierno de Canarias, que son los que pueden detener esto, y acudir a otras instancias, por lo que en el próximo Pleno llevaremos una moción para instar al Estado a modificar la Ley Estatal de Minas”. “Una norma obsoleta que fue diseñada para promover la explotación a ultranza de los recursos minerales, a pesar del daño medioambiental que se pueda producir”.
Además, la ley no tiene en cuenta las figuras de protección medioambiental con las que cuenta Fuerteventura, que son posteriores a dicha normativa, como pueden ser las zonas ZEPA, la declaración de Reserva de la Biosfera o la delimitación de zonas paleontológicas de especial interés, entre otras.
Por eso, “desde el Cabildo de Fuerteventura se pedirá que se actualice la legislación de minas para adaptarla a las singularidades del territorio canario, de modo que prevalezcan los valores medioambientales por encima del recurso que se quiere extraer. En definitiva, garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social”. Al mismo tiempo, “volveremos a reiterar al Gobierno de Canarias que paralice cualquier tipo de autorización de exploración e investigación de tierras raras en la Isla, y seguiremos haciéndolo hasta que se nos escuche”.
Tanto Lola García, como su vicepresidente, Blas Acosta, muestran su preocupación “ante una de las actividades más contaminantes del planeta, que tendría un efecto demoledor para el medio ambiente y las personas, especialmente en un territorio limitado como Fuerteventura, con prospecciones cerca de la población y en espacios altamente sensibles”.
