Lola García subrayó la importancia de mantener la gratuidad del transporte público en una Isla como Fuerteventura. Para ello, la corporación insular aprobó recientemente una modificación de crédito dirigida a sufragar, con 4 millones de euros de fondos propios, el coste de esta medida que impulsa el Gobierno central.
El Ejecutivo, sin embargo, no ha ingresado en las arcas de Canarias los 81 millones de euros estimados para fomentar la movilidad sostenible y aliviar los bolsillos de la ciudadanía. En este contexto, explicó, “mantendremos la gratuidad mientras podamos”.
Lola García destacó en las acciones que se están llevando a cabo para mejorar el transporte público con una licitación histórica que permitirá renovar la flota y mejorar los servicios, algo que no se ha hecho en 50 años, subrayó, de ahí las dificultades a la hora de elaborar los pliegos, según apuntó.
El consejero titular del área, Luis González, expondrá en la sesión plenaria prevista para este viernes en el Cabildo, cuáles son los procedimientos que se están siguiendo para sacar a licitación el servicio “cuanto antes” aunque la presidenta no quiso especificar. “No hay fechas, será cuando tengamos todos los informes listos, y no los informes nuestros sino los informes preceptivos los tiene que mandar Europa porque es un contrato de mucho dinero”.
García quiso poner de relieve el esfuerzo del equipo de trabajo del área para asegurar financiación europea destinada a tres guaguas eléctricas, ya que “cuando llegamos, los plazos fueron in extremis”. La presidenta confía en que el procedimiento culmine sin tener que devolver dinero a Europa por no haber hecho el debido seguimiento.
UN PIOF de 2001 y una isla que aumenta su población un 75% en dos décadas
Otro de los temas prioritarios para García es la actualización del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), vigente desde 2001. “En 20 años, la población ha crecido más del 75%, y los sistemas básicos de la isla están desbordado”, señaló.
La presidenta recordó que en 2015 se estuvo cerca de aprobar una actualización del PIOF, pero el proceso se paralizó al tener que adaptarse el documento a la Ley del Suelo. La pasada legislatura fue una oportunidad desaprovechada, recalcó, pero ahora el documento vuelve a salir a licitación.
García reconoció que el crecimiento desordenado de las últimas décadas ha generado problemas graves en la isla. “No imaginábamos hace dos décadas que Fuerteventura crecería a este ritmo”. Ahora se constatan problemas con el agua, el saneamiento, los servicios… Todo está al límite, y “el PIOF tiene que ser la herramienta que nos permita planificar el futuro de manera sostenible”, recalcó.
Sacar la central de El Charco
La presidenta también abordó la planificación energética, con especial atención a la central de El Charco. García reiteró que el Cabildo está comprometido con trasladar esta infraestructura fuera del núcleo urbano de Puerto del Rosario. “Estamos utilizando todos los recursos para conseguirlo. No es solo una cuestión ambiental, sino de salud y calidad de vida para los vecinos”, explicó.
Sobre el Plan Territorial Especial (TE) de Energía, García adelantó que podría tener una aprobación inicial en junio de 2025, definiendo posibles ubicaciones para nuevas centrales en el centro y el sur de la isla.
Mientras tanto, recordó, el Plan General de Puerto del Rosario prevé desde 2017 la ubicación de la infraestructura en Llanos Pelados.
La presidenta mostró su preocupación por la posibilidad de que se utilicen herramientas legales como el interés general para imponer proyectos sin consenso local. “El temor es que con este tipo de medidas no podamos controlar la implantación de infraestructuras que afectan directamente a la isla”, advirtió.
Menos presupuesto para 2025
La presidenta advirtió que el Cabildo de Fuerteventura se enfrenta a un escenario presupuestario más complicado que en 2024. “Con el restablecimiento de las reglas fiscales de gasto, no podremos contar con los remanentes como en años anteriores. Eso nos obliga a aprovechar cada inversión europea que podamos captar para financiar las infraestructuras que necesitamos”, dijo.
En este sentido, avanzó, la corporación calcula tener unos presupuestos en torno a 170 millones de euros que seguirán priorizando la atención a las personas, el agua o las infraestructuras sociosanitarias con un plan que ya está definido, destacó, y que prevé una inversión de más de 50 millones de euros en los próximos años.
A punto de finalizar el año, el Cabildo ha ejecutado “unos 150 millones o 160 millones de euros con un presupuesto inicial de 181 millones de euros”. Cuando acabe 2024, “tendremos un nivel de presupuesto que rondará los 170 millones de euros”. Un mensaje “a quienes dicen que el Cabildo está paralizado”, concluyó.
