El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, presentó hoy la nueva unidad de drones de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), que se estrena con una actuación coordinada con el Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos majoreros para la erradicación de contenedores y construcciones ilegales en suelo rústico de la isla.
“La incorporación de los drones y la creación de esta nueva unidad supone un avance importante en el trabajo de inspección y vigilancia de nuestro territorio que realiza a diario el Gobierno de Canarias, porque facilitará mucho las tareas de localización de irregularidades urbanísticas y medioambientales, la principal función de la Agencia Canaria de Protección del Medios Natural”, afirmó el consejero Manuel Miranda.
La nueva unidad de drones, adscrita al Servicio de Vigilancia Territorial, Ambiental y Actuaciones Previas de la ACPMN, está compuesta por dos coordinadores y nueve pilotos. En sus trabajos de inspección y vigilancia utilizarán dos drones “Matrice”, que incorporan la última tecnología en prestaciones de agilidad, velocidad y seguridad, con barómetros redundantes para una máxima fiabilidad, y características de vuelo inteligente que facilitan la grabación de tomas complejas.
Sus 4 motores de alto rendimiento garantizan un vuelo estable con vientos de hasta 43 km/h, tienen una autonomía de vuelo de 33 minutos, un radio de acción de 8 km y pueden alcanzar una velocidad de 81 km/h.
Los drones utilizan una configuración de GPS Dual para una mayor seguridad del vuelo, que se refuerza con sensores visuales que permiten una gran precisión, y disponen del sistema AirSense, que permite conocer en tiempo real las aeronaves tripuladas en el espacio circundante. Cuentan con sistema de visión y detección por infrarrojos, y están dotados con una cámara RGB Zenmuse Z30, que permite transmitir imágenes de alta resolución.
Los primeros trabajos de campo de la nueva unidad de drones de la ACPMN se realizan estos días en Fuerteventura, en una actuación conjunta acordada hace un mes con el Cabildo y los seis ayuntamientos majoreros para erradicar la proliferación de contenedores e instalaciones ilegales en suelo rústico, que incumplen la normativa y suponen un grave atentado paisajístico.
El primer vuelo se realizó en El Jablito, municipio de La Oliva, y contó también con la asistencia del consejero de Medioambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Carlos Rodríguez, quien destacó la necesidad de “poner un poco de orden, porque el suelo natural tiene que perdurar y debemos devolver a su estado original los terrenos que han sido modificados irregularmente”.
La solución a este creciente problema, que afecta no solo a la isla de Fuerteventura, pasa por una actuación “conjunta y coordinada” entre todas las administraciones, a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que ya presta su apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos afectados para la tramitación de las correspondientes órdenes de ejecución, según explicó su directora de la ACPMN, Montserrat Ortega.
El consejero de Política Territorial recordó que los ayuntamientos son los responsables de tramitar en primera instancia las órdenes de ejecución para acabar con esta práctica irregular, e hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana, pues con esta fórmula administrativa la retirada y reciclaje de las instalaciones ilegales no representa un costo añadido para el afectado.
Por el contrario, el incumplimiento de una orden de ejecución puede llevar aparejadas cuantiosas sanciones económicas “que en ningún caso deseamos, pero que las administraciones tienen que aplicar en defensa de nuestro patrimonio medioambiental”, aseguró Miranda.
El Gobierno de Canarias ha tramitado en los últimos tres años en la isla de Fuerteventura unos 280 expedientes por contenedores, casetas e instalaciones en suelo no autorizado, aunque el Cabildo calcula que pueden haber más de 500 instalaciones de este tipo, por lo que se pretende reforzar y dotar de mayor eficacia la actuación conjunta de las tres administraciones: autonómica, insular y local.
