El juzgado de Lo Penal de Fuerteventura condenó el pasado 25 de julio a R.M.M. por un delito de maltrato animal continuado a cinco perros de caza y a un burro de su propiedad. Un vecino responsable interpuso denuncia ante el SEPRONA poniendo en su conocimiento los hechos en diciembre de 2022.
Los agentes del SEPRONA se personaron en el lugar para constatar que los perros sufrían caquexia, anemia e infestación parasitaria extrema. Algunos de ellos estaban tan esqueléticos que llegaron a hacerse callos con úlceras al apoyar su cuerpo en el suelo, carentes de grasa y de musculatura. Uno de los perros, incluso, “requirió hospitalización urgente, al estar al borde la muerte”, destaca la abogada de la acusación particular ejercida por la Fundación Canaria Finca Esquinzo, Maite Bautista Garrastazu, perteneciente a la Asociación Abogados Pro-defensa de los Animales, PROTA.
El condenado, que destinaba a los canes a la actividad de la caza, “no les había puesto el chip obligatorio a la mayoría de los perros, ni tenían cartilla ni vacunas”.
Por otro lado, el burro encontrado presentaba un estado de desnutrición grave, así como deshidratación y se encontraba en estado letárgico.
Todos los animales fueron incautados tras la inspección del SEPRONA, quien efectuó un atestado que acreditó todos los hechos, entregando la custodia de los canes a FUNDACION CANARIA FINCA ESQUINZO. El burro quedó bajo los cuidados del CENTRO DE ACOGIDA DE BURROS MAJOREROS del Cabildo de Fuerteventura.
El condenado reconoció los hechos desde el inicio, motivo por el que la incautación inicial de los animales por parte del SEPRONA se convirtió en definitiva al inicio del procedimiento, a petición de la abogada de la acusación Maite Bautista Garrastazu y pese a la oposición del Ministerio Fiscal.
Al autor de los hechos se le ha impuesto la pena máxima solicitada por la abogada de la acusación, consistente en un año de prisión, 3 años de inhabilitación especial para la tenencia de animales, las costas procesales, así como el pago de todos los gastos que han tenido que asumir las entidades custodias de los animales.
Se le ha permitido la suspensión de la condena de prisión “con la condición de no delinquir ni poseer animales durante 5 años, lo que incluye la actividad de caza que no podrá realizar, así como la realización de un curso en un Programa de Protección de Animales”.
