Los colectivos SaharaFuerte y ACAPS denuncian que dos empresas canarias descargaron este pasado lunes un cargamento de arena ilegal en Puerto del Rosario, y lo harán, presumiblemente, este martes en el muelle de Arguineguín, a través del carguero Dura Bulk.
Esta arena, adquirida por el grupo CEISA Cementos Especiales, y trasladada por la empresa majorera CORORASA, es "ilegal", critican, "pues no cumple con la aprobación del Frente Polisario, único y legítimo representante del pueblo saharaui, como así se describe en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 34/37 de 1979 y en el Plan de Paz de Naciones Unidas de 1991"
El Dura Bulk descargó en Puerto del Rosario la mitad de su carga, y el resto del cargamento, también propiedad del grupo CEISA, fue transportado al muelle de Arguineguín, donde las organizaciones denunciantes prevén que será descargada a lo largo de este martes.
Los colectivos de apoyo a la causa saharaui, rechazan la comercialización en Canarias "de arena manchada de sangre" y exigen responsabilidad a las empresas canarias que comercian con éste y otros recursos saharauis. También instan a las autoridades competentes a realizar los controles pertinentes para frenar el expolio.
Expolio de recursos y vulneración del derecho internacional
Las organizaciones denunciantes recuerdan que el derecho de la población saharaui a la gestión de sus recursos y su relación con la empresas extractivas se recoge, entre otros, en la resolución 63/102 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 5 de diciembre de 2008, reconociendo que "los recursos naturales constituyen el patrimonio de los pueblos de los territorios no autónomos, incluidas las poblaciones autóctonas" y censurando "cualquier actividad orientada a explotar los recursos naturales y humanos de los territorios no autónomos, en detrimento de los intereses de los habitantes de estos territorios".
El expolio de estos recursos es uno de los símbolos más visibles de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. La actividad de las empresas que explotan los recursos del Sahara Occidental, entre ellos su arena, alimenta además el impacto derivado de las vulneraciones de derechos humanos, civiles y políticos cometidas por Marruecos contra la población y contra activistas y organizaciones sociales saharauis.
