El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado por unanimidad, este viernes, una moción institucional en apoyo al sector primario en la isla, respaldando a agricultores, ganaderos y pescadores y reconociendo su papel fundamental en el desarrollo económico, social y medioambiental de Fuerteventura, y de Canarias en su conjunto.
La Corporación insular ha destacado la importancia crucial de esta actividad para la sociedad, tanto en el abastecimiento de alimentos como en el desarrollo de las zonas rurales y la preservación del medio ambiente.
En esta línea, Pleno de la Corporación ha acordado una serie de medidas para fortalecer y proteger al sector primario en Fuerteventura, entre las que destacan: impulsar y reforzar políticas públicas destinadas a proteger al sector agrario, reducir la carga administrativa para agricultores, ganaderos y pescadores simplificando trámites burocráticos, garantizar que los productos importados cumplen con los estándares de calidad, sanidad y seguridad alimentaria, seguir estudiando y fortaleciendo el Plan Estratégico de la PAC para mejorar su aplicación, solicitar el refuerzo de los medios humanos y técnicos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para mejorar la aplicación de la ley de la Cadena Alimentaria, impulsar la ley de Agricultura Familiar para modernizar el marco normativo y asegurar el futuro de la agricultura familiar y profesional. Asimismo, se incluye la creación de una mesa del agua agrícola en Fuerteventura.
Al mismo tiempo, el Cabildo ha acordado también, instar al Gobierno de España que cubra la demanda del sector agrario y pesquero en la financiación de la ficha adicional complementaria a la aportación, a estudiar la adecuación entre normativas que regulan los títulos profesionales del sector pesquero, y la clasificación de las embarcaciones de pesca menores de 25 metros de eslora.
Además, se acordó también instar al Gobierno de Canarias, a poner en marcha líneas de financiación y ayudas directas, facilitar la simplificación y reducción de los procedimientos administrativos necesarios para impulsar al sector primario, a desplegar todas sus competencias en materia de vigilancia, inspección y control del cumplimiento de la ley de Cadena Alimentaria.
