La declaración de interés insular del proyecto Dreamland, un parque temático cinematográfico ubicado en las cercanías del Parque Natural de las Dunas, ha quedado sobre la mesa gracias a los doce votos emitidos por el consejero de AMF, Sergio Lloret, y los representantes de CC y PP. Todos han coincidido en señalar la “falta de transparencia” que ha rodeado al procedimiento y han cuestionado la idoneidad de su ubicación en un entorno medioambientalmente frágil.
En contra de postergar su debate han votado los consejeros socialistas, el consejero de Nueva Canarias, Alejandro Jorge, y los dos representantes de Podemos que rechazaban de plano la iniciativa por las dimensiones en las que está planteada y también el espacio en el que está señalado.
Más debate, más información
Para Sergio Lloret un proyecto de “esta magnitud” conlleva un debate previo, mayor transparencia y también más información. En este sentido, mostró su sorpresa ante esta iniciativa que, aseguró, conoció la semana pasada.
En su intervención desveló la celebración de una reunión en Presidencia para analizar el proyecto a finales de 2020 a la que no se le convocó a pesar de que “hasta hace poco era consejero de Ordenación del Territorio”. Al respecto, el presidente del Cabildo le respondió que si hubiera contado con su presencia, podría haber conocido el proyecto.
El portavoz del grupo popular, Claudio Gutiérrez, también criticó que la información “no la tenían ni los propios miembros del equipo de gobierno” y aseguró que se enteraron por el propio promotor de la iniciativa, José Antonio Newport, de los informes que se estaban realizando sobre el mismo desde el Cabildo.
Gutiérrez aseguró que los populares no comparten “ni la forma ni el modo” y, además, sobre el sitio “discrepamos que sea el idóneo”. Sin información y sin debate, insistió, “es muy difícil que salga a debate un proyecto de estas características”.
También cuestionó que el proyecto tenga un informe en algo menos de un mes “cuando la Residencia de Gran Tarajal lleva años de espera de un decreto de interés general”.
Por su parte, la portavoz nacionalista, Lola García, apuntó la necesidad de diversificar la economía y desarrollar la industria cinematográfica en la Isla aunque “nos preocupan las formas en las que se ha presentado este proyecto”.
Abogó por que se promueva un debate “también con la ciudadanía” y poner en valor la iniciativa que se registró el 12 de enero y que el día 26 ya tenía informes”.
Un proyecto del que ni el responsable de la Film Commission, Andrés Briansó, ni el consejero de Ordenación del Territorio, Sergio Lloret “tenían ni idea”, recalcó.
La protección del territorio, un pilar de la Film Comission
Para el consejero responsable de la Film Comission, Andrés Briansó, uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la gestión de los rodajes en la Isla es el respeto al paisaje medioambiental. Debe haber, apuntó, un equilibrio entre la creación de riqueza y el respeto a las medidas de protección. Por eso, para los consejeros de Podemos, "no tiene cabida semejante proyecto en el espacio señalado" aunque sí consideró que la industria audiovisual constituye una herramienta para el cambio de paradigma.
Es preciso, continuó, apostar por un entorno adecuado y "un proyecto dimensionado a la realidad de la Isla, lejos de mega proyectos".
En su alocución, Briansó reconoció que hasta esta misma semana no tuvieron conocimiento del expediente de este proyecto "tremendamente controvertido". Si tan bueno es el proyecto, que siga los trámites ordinarios, concluyó.
Diversificar el empleo, “una necesidad imperiosa”
Por su parte, la consejera de Educación, María Jesús de La Cruz, defendió que la declaración del interés general "es solo dar inicio al expediente" y aseguró que su grupo político también estaba dispuesto a hacer aportaciones pertinentes relativos a la ubicación de Dreamland.
En esta línea, defendió las bondades del proyecto como generador de empleo y diversificación económica. Fuerteventura necesita despegar, recalcó, “da mucha pena ver pasar a otras islas proyectos porque los políticos no apuestan por iniciativas”. A su juicio, “sería una irresponsabilidad dar un portazo”.
En este sentido se manifestó también el presidente del Cabildo, Blas Acosta, quien afirmó que en este punto siete del orden del día “se debate el derecho a que no se coarte el derecho de que hablen los 120.000 ciudadanos de la Isla”.
Acusó a la oposición de “no querer decir nada” y abogó por que “opinen los ciudadanos y se permita a las actividades empresariales tomar la iniciativa”.
El presidente del Cabildo subrayó que “es imperioso para la isla diversificar la economía” y aseguró que la ubicación final del parque temático “la determinará el órgano ambiental”
