El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy que su departamento pondrá en marcha en las próximas semanas el nuevo Programa de Vivienda Vacía gracias al cual el Gobierno canario garantizará el pago del alquiler durante cinco años a los dueños de casas vacías para poder sacarlas al mercado y aumentar la oferta de viviendas en alquiler en las islas. Con esta medida, para la que se destina una partida de un millón de euros cada año durante cinco años, se calcula que puedan ponerse en alquiler, a precios asequibles, algo más de 600 viviendas en los próximos meses.
“En los próximos días cerraremos el encargo a la empresa pública Visocan para que gestione este Programa incluido en el Plan de Vivienda 2020-2025 para incentivar a los propietarios de viviendas vacías para que puedan ponerlas a disposición de la Comunidad Autónoma”, aseguró Franquis, “a cambio, ellos tendrán la garantía de que el Gobierno de Canarias velará por el pago de esos alquileres durante al menos un periodo de cinco años. Si pasado ese tiempo quieren volver a gestionar su propiedad personalmente, se les devolverá la vivienda en las mismas condiciones en las que fue entregada al Gobierno”.
El modelo para poner en marcha este Programa de Vivienda Vacía es similar al que ya se aplica en otras comunidades como Euskadi y Navarra, en el que se firman contratos de cesión del usufructo entre los propietarios de viviendas vacías y el Gobierno regional, y la administración paga al propietario todos los meses y durante cinco años haya arrendatarios o no en su propiedad, o incluso si estos dejan de pagar la renta al Gobierno. La Consejería ha establecido unos precios máximos de referencia según los metros cuadrados útiles de la vivienda para pagar a los propietarios la cesión de del usufructo. Con estos parámetros, el Gobierno pagaría por un piso de unos 75 metros cuadrados, sobre los 500 euros.
Por su parte, Visocan, siguiendo este modelo, se encargará de cobrar las rentas mensuales directamente a los inquilinos de esas casas, con alquileres adaptados a la situación social de cada una de las familias. De esta forma, los futuros arrendatarios han de ser demandantes de vivienda inscritos en el ICAVI cuyos ingresos mensuales, por familia, no superen los 2.200 euros al mes, y la renta que pagarían nunca superaría el 30% de sus ingresos con un tope máximo de 450 euros al mes. Visocan también adquiere con los propietarios de las viviendas de mantener las casas en perfecto estado y entregarlas tal cual la recibieron.
Sebastián Franquis ha hecho estas manifestaciones en el seno del Foro celebrado por la Cadena SER en Canarias en Santa Cruz de Tenerife bajo el lema La vivienda: un derecho de la ciudadanía, en el que el consejero ha precisado las políticas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias desde 2019 para combatir la emergencia habitacional que arrastran las islas desde hace años por la falta de previsión y de gestión en materia de vivienda en anteriores legislaturas. En este sentido, el consejero recordó que hace casi una década que no se inicia la construcción de nuevas VPO en Canarias.
“La vivienda pública es una prioridad. No sirve de nada que el Gobierno realice un Plan, si el resto de agentes no entienden este objetivo”, señaló el consejero, “tenemos que ser capaces de aumentar el parque público de vivienda para contribuir a controlar los precios del alquiler. Sacar más vivienda en alquiler para tener la posibilidad de cumplir con la exigencia constitucional que es el derecho a la vivienda en nuestra Comunidad Autónoma”.
Durante su disertación, el consejero regional recordó que al llegar el pacto de progreso al Gobierno regional se cifraban en 17.023 el número de demandantes de vivienda, entre ellos 436 mujeres víctimas de violencia de género, y 925 mayores de 65 años. También señaló que el parque de viviendas del Archipiélago está muy avejentado, ya que la edad media de las 1.045.000 viviendas que hay en las islas es de 40 años. De este millón de viviendas, tan solo algo más de 18.000 son VPO destinadas a dotar a los más vulnerables de un hogar digno.
Franquis aseguró que, una vez analizada la situación encontrada en 2019, se detectó un presupuestos en Vivienda de 79,4 millones, 41 millones menos de lo que se gasta en la actualidad, “por lo que se vislumbraba una imprescindible necesidad de construir viviendas protegidas para alcanzar unos parámetros básicos, como garantizar el acceso a un hogar a través del alquiler, favorecer el acceso a la vivienda de colectivos con especiales dificultades, y mejorar las condiciones de las casas con criterios de ahorro energético y cuidado del medio ambiente”.
Con estas premisas, el consejero Franquis se embarcó en la consecución de un gran acuerdo global entre todos los actores implicados -políticos, sociales, profesionales- para cumplir con estos objetivos marcados, y hace justo un año nació el primer gran pacto por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias.
"Teníamos que conseguir la complicidad de todos, tanto del sector público como privado, para poder mejorar este escenario. Actualmente, en política, vemos que es muy difícil llegar a acuerdos, pero nosotros lo conseguimos hace un año, a través del diálogo y llegando a un consenso con todos los agentes implicados”, aseguró el consejero.
Sentadas las bases de este gran acuerdo, suscrito por una treintena de colectivos profesionales, empresariales, sociales y partidos políticos, se ascendió al siguiente escalón que era el de la aprobación de un nuevo Plan de Vivienda de Canarias que recogiera las aspiraciones del Pacto y diese respuesta eficaz y contundente a la emergencia habitacional que padecen muchas familias de la Comunidad Autónoma.
Este nuevo Plan, dotado con 664 millones de euros y con un marcado carácter social, busca impulsar el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables con un ambicioso programa de construcción de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, y también incentivando a los particulares para sacar viviendas vacías al mercado de alquiler. Otro de los pilares de este nuevo Plan es el de potenciar la rehabilitación de viviendas con un importante programa de inversiones. Y todo esto, señaló Sebastián Franquis, será posible gracias a la necesaria cogobernanza y la colaboración público-privada.
“Hemos puesto en marcha el Plan, con las dificultades que entraña la Administración, pero con el compromiso de cumplir con la exigencia de que el Plan se llevará a cabo en los años previstos. El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 es un plan de todos y para todos", incidió Franquis.
El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 contempla la construcción de 5.971 nuevas viviendas de alquiler, recordó Franquis, más de 600 viviendas para combatir la despoblación del medio rural, y con una firme apuesta por la rehabilitación, ya que se calcula superar las 10.200 acciones de rehabilitación tanto en entornos urbanos como rurales. Sólo en 2020-21, se invertirán más de 18 millones de euros en las Áreas de Rehabilitación Urbana y Rural (ARRU) firmadas con una quincena de municipios canarios. Este año se realizará una inversión extraordinaria en rehabilitación gracias al Fondo de Recuperación Next Generation UE, dotado con 60 millones que se invertirán a lo largo de este año en Canarias.
La rehabilitación y la construcción de nueva vivienda incluidos dentro del Plan de Vivienda, señaló Franquis, reúnen, además de un claro objetivo social, un evidente fin económico dentro de la reactivación del tejido productivo de las islas. No en vano, el sector de la construcción está considerado uno de los motores para reactivar la economía de las islas y poder superar la actual crisis generada por el COVID. Se calcula que con la inversión prevista en obras de construcción y rehabilitación del Plan de Vivienda se puedan generar más de 23.000 empleos en este sector.
El consejero no olvidó citar otra de las vertientes básicas del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, la colaboración público-privada. Como ejemplo de colaboración eficaz entre la administración pública y el sector productivo privado que recoge el Plan, Franquis citó varias líneas de actuación, como el Plan para el alquiler asequible (antiguo Plan 20.000) que pretende poner 997 nuevas viviendas en el mercado de alquiler; el Programa de viviendas vacías, gracias al que se quieren sacar al mercado 600 pisos para arrendamiento con incentivos a los propietarios; y el Programa Canarias Pro Hogar, que destina 4,5 millones para adquirir viviendas recién construidas o a medio terminar a promotores privados y destinarlas a alquiler social.
“Hemos planteado una comisión de seguimiento al Plan de Vivienda, indispensable para compartir información con todos los agentes implicados y eliminar los obstáculos que puedan ir surgiendo e impidan su correcto desarrollo. Estamos agilizando la ejecución del Plan con todos los instrumentos públicos a nuestro alcance”, concluyó el consejero regional.
Otro eje fundamental del Plan del Plan de Vivienda, añadió el consejero Franquis, son las ayudas y subvenciones, que pueden llegar a más de 70.000 beneficiarios en 6 años y a multitud de ayuntamientos canarios. Como ejemplo citó que en 2020 se repartieron 59.144.279 euros en ayudas, tanto para pagar alquileres de VPO como de particulares, la adquisición de viviendas por jóvenes, como para subvencionar los ARRU y la ayuda especial para ayudar a pagar el alquiler a los afectados por la crisis económica del COVID.
