La futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en Canarias sigue en tramitación y, a pesar de las denuncias de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV), aún está dentro del plazo para ser presentada ante la Comisión Europea.
Así lo ha afirmado la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, en una reciente entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular, donde también defendió la necesidad de esta regulación para poner orden en el sector en un contexto de emergencia habitacional.
"Todavía tenemos margen para comunicarle a la Comisión Europea este proyecto de ley", aseguró De León, respondiendo a las advertencias de ASCAV, que denunció supuestas irregularidades en el proceso ante Bruselas. La patronal del alquiler vacacional alega que el Gobierno de Canarias incumplió la obligación de notificar formalmente el proyecto de ley a la Comisión, lo que podría abrir una investigación contra España.
Sin embargo, la consejera desmintió estas acusaciones y señaló que su equipo está dentro del plazo estipulado. "Lo que dice la normativa europea es que debe comunicarse antes de la aprobación del anteproyecto. Como bien saben, el plazo de alegaciones sigue abierto hasta el 25 de marzo y la tramitación parlamentaria aún se extenderá hasta junio o julio. No lo hemos hecho antes porque ha habido cambios sustanciales entre el borrador inicial y el anteproyecto final", explicó.
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) se ha convertido en uno de los principales opositores a la normativa, argumentando que perjudica a los pequeños propietarios y trasladando la batalla, incluso, a Bruselas.
Jéssica de León, sin embargo, minimizó el enfrentamiento, reconociendo que ASCAV y el Gobierno tienen intereses distintos.
La consejera defendió que su objetivo no es eliminar el alquiler vacacional, sino regularlo para compatibilizarlo con el derecho a la vivienda de los residentes. "Estamos reafirmando nuestra apuesta por esta modalidad turística, pero con un régimen de control mucho más estricto y con límites", aseguró.
Vox y PSOE, sin alternativas
El proyecto de ley, actualmente en proceso parlamentario, busca dar seguridad jurídica a propietarios y ayuntamientos, clarificar el régimen competencial y frenar el caos actual. Una de las claves de la normativa es que los ayuntamientos tendrán un plazo de cinco años para definir cuántas viviendas vacacionales pueden autorizar, en qué zonas y bajo qué condiciones.
En este sentido, De León destacó el caso de Granadilla de Abona, donde en apenas mes y medio se aprobó una ordenanza municipal para regular la actividad.
Además, la ley introduce un nuevo mecanismo de "declaraciones responsables reforzadas", que exigirá a los propietarios presentar documentación adicional para garantizar un mayor control sobre la actividad.
El proyecto de Ley llega sin consenso al Parlamento de Canarias, donde tanto el PSOE como Vox han presentado enmiendas a la totalidad con el objetivo de echar para atrás el texto. Enmiendas rechazadas que De León criticó con dureza acusando a ambos partidos de bloquear la normativa sin ofrecer propuestas alternativas.
"Es irresponsable rechazar una ley sin presentar otra opción. Han tenido tres meses para elaborar un texto alternativo y no lo han hecho”, recalcó la consejera apuntando a que “está claro que solo buscan arañar votos entre los propietarios de alquiler vacacional".
Recordó, además, que en 2017 el PSOE exigía la regulación del alquiler vacacional, a través de la diputada majorera Rosa Bella Cabrera, pero que, una vez en el Gobierno, "no hicieron nada, ni aprobaron un decreto ni establecieron una moratoria". También destacó la contradicción de Vox, cuyo portavoz en la primera comisión de turismo reconoció que la actividad "estaba afectando la convivencia y necesitaba regulación".
El 90% de la vivienda, para vivir
La entrada en vigor de la Ley en Canarias será significativo. "Los problemas de vivienda se solucionan construyendo más viviendas, pero también poniendo límites", afirmó De León.
La ley busca evitar que todo el parque inmobiliario de Canarias termine en alquiler vacacional, asegurando que al menos un 90% de las viviendas se destinen a uso residencial.
El Gobierno autonómico también argumenta que la normativa permitirá garantizar un turismo más sostenible y compatible con la convivencia ciudadana. "Las ciudades son espacios habitables y no podemos permitir que la vivienda sea un bien exclusivamente especulativo", defendió la consejera subrayando que “Canarias se la juega en esto”.
La consejera majorera destacó que el suelo residencial ya no estaba al servicio de la vivienda “y creo que hemos parado esto a tiempo...lo que hacemos es poner límites para que todo el parque de viviendas de Canarias no acabe en el alquiler vacacional".
En esta línea también se dirigió a los pequeños propietarios que ven peligrar un complemento a su salario con la actividad turística pero les garantizó que si cumplen con el decreto 113 de 2015, “podrán seguir ejerciendo la actividad”.
Jéssica de León destacó que se ha declarado la urgencia del proyecto para acortar los plazos hasta su aprobación con lo que se espera que la Ley salga adelante antes de verano “aunque no me atrevería a poner una fecha”, concluyó.
La entrevista completa:
