La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, lanzaba este lunes una “llamada de auxilio” pidiendo la intervención del Ejército en el municipio y también de la Policía Autonómica. A primera hora saltaban las alarmas al constatar que el número de contagios de coronavirus había crecido exponencialmente y había 74 personas afectadas con Covid en el municipio norteño.
Por ello, según explicó este martes en Radio Insular la propia regidora, “entendí que como responsable del municipio estaba obligada a hacerlo y, con total valentía, cursé sendos escritos”.
La respuesta no tardaba en llegar y, pocas horas después, el director de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Gustavo de Armas, confirmaba que el Ejército se desplegará en Fuerteventura, no solo en La Oliva sino en todo el territorio, para cumplir con la función de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de las autoridades sanitarias.
El objetivo, recalcó González, es evitar la situación generada durante las pasadas fechas navideñas en las que se produjeron “muchos incumplimientos por parte de los turistas pero también de ciudadanos del La Oliva; ahora hemos tomado la delantera para evitar que se repita aquella situación que fue muy complicada de gestionar”, subrayó.
Dar ejemplaridad
Para Pilar González, “sería muy importante articular un buen departamento de disciplina en lo que es la Consejería de Sanidad para atender a todas las actas que levanta la policía y que quedan en saco roto”.
Hacía así referencia a las sanciones ejemplares, sobre denuncias de carácter grave, que se tramitan desde Sanidad a diferencia de las de carácter leve, para las que las corporaciones locales tienen competencia.
En este sentido, la regidora explicó que la corporación norteña ha articulado un departamento encargado de tramitar las denuncias. “La gran parte se han tramitado e, incluso, se han cobrado a los infractores”.
Es preciso, prosiguió, “dar ejemplaridad y tramitar todas las actas y denuncias que se levantan por los cuerpos y fuerzas de seguridad”.
Terrazas para todos los establecimientos
La alcaldesa de La Oliva también abordó la situación de los establecimientos que, en este nivel de alerta sanitaria 3 en Fuerteventura, estarían prácticamente abocados al cierre por no disponer de terraza exterior ya que la actividad en el interior está prohibida.
Una situación a la que el Ayuntamiento norteño ha respondido promoviendo una iniciativa que permite a los propietarios de este tipo de locales disponer de suelo público para habilitar espacios en el exterior donde continuar su actividad durante el tiempo que se mantenga el nivel de alerta. “Hemos querido darles un balón de oxígeno, con una regulación muy exhaustiva que les permite disponer de una terraza sin pagar nada”.
Una propuesta que está suscitando gran interés entre los empresarios del municipio que tienen a su disposición, a través de las distintas redes sociales de la corporación y la propia página web, un formulario de inscripción para formular solicitud.
La alcaldesa destacó que la Concejalía de Comercio está trabajando para que, “cuanto antes, a la mayor celeridad posible reinicien su actividad”.
Si hay un juez que me obliga a conectar el agua, lo haré
Pilar González también habló sobre el corte de suministro que la empresa pública Suministros Aguas La Oliva, de titularidad 100% municipal, ejecutó al hotel Oasis Papagayo.
Un establecimiento cerrado desde el 18 de marzo de 2020, “ y donde únicamente los residentes han hecho uso del agua y han contraído una deuda con Suministros de Aguas La Oliva”, justificó.
La regidora explicó que, avalada por el informe jurídico del Consejo de Administración de la entidad y respaldada por el acuerdo adoptado por unanimidad de todos los consejeros del Consejo, se vio obligada a cortar el agua y “así no tener ningún tipo de responsabilidad por dejación de funciones”.
González aseguró que si hay un juez “que me obliga a conectar el agua, lo haré, pero al menos como presidente de esta entidad y consejera delegada, mi responsabilidad quedará ya salvada”.
De momento, concluyó, el asunto está judicializado y “no nos han notificado todavía nada”.
