El Parlamento de Canarias ha convalidado el decreto ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que ha contado con la implicación del sector, los cabildos insulares y los ayuntamientos, para ofrecer todas las garantías durante el proceso.
En este sentido, Rodríguez ha detallado que “el desarrollo de este decreto ley es fruto del trabajo desarrollado por la Dirección General de Transportes y la propia Mesa del Transporte Terrestre, en la que se decidió no utilizar la propuesta de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carreteras (LOTT) del Pacto de las Flores, no afrontar una reforma integral ni una nueva norma y que además resolvió, de forma unánime, proceder a la modificación de la LOTT contando con la participación y aportaciones de los miembros de este órgano”.
“Si bien se acordó no reactivar el proyecto de modificación de la anterior legislatura, intentaremos aprovechar todo aquello que ya se hubiera trabajado y que pueda ser útil, con el objetivo de no desperdiciar esfuerzos previos y enriquecer este nuevo trámite de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre”, ha puntualizado Rodríguez.
Asimismo, el Decreto Ley 6/2024 ha contado, además, con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, que fue emitido el pasado 28 de agosto de 2024.
Esta nueva norma pretende hacer frente, de manera ágil, a la adaptación de la normativa canaria a las exigencias europeas, modulando el ratio de solicitudes establecidas para acceder a la actividad, aplicando nuevos criterios objetivos relacionados con la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como la protección del medioambiente, “fundamental puesto que Canarias es un territorio limitado fragmentado y muy sensible”
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha subrayado también el apoyo alcanzado en la Cámara, en la que no se han registrado votos en contra, y ha explicado que este decreto ley promueve la adopción práctica, por parte de las administraciones públicas, de unos criterios basados en consideraciones ambientales, energéticas y de sostenibilidad que implican, además, la adaptación del resto de actividades relacionadas con el transporte discrecional de viajeros “para convertirlos en parámetros generales de actuación en esta materia y evitar situaciones de discriminación”.
Asimismo, el consejero ha insistido en la importancia de esta nueva norma porque “el elevado número de solicitudes de autorizaciones que se reciben en algunas islas podría suponer un importante descalabro para unos territorios insulares de alcance limitado y que, además, no están necesariamente en condiciones de soportar el impacto medioambiental que ello conllevaría”.
En esta línea, el texto de este decreto ley se ha optado por no introducir criterios numéricos concretos, “permitiendo que el Gobierno de Canarias fije criterios objetivos y que los ayuntamientos y los cabildos insulares aprueben sus criterios adicionales, teniendo en cuenta sus circunstancias locales”, ha apuntado Rodríguez.
El consejero también ha solicitado que se tramite como proyecto de ley, ya que este procedimiento permitiría que los distintos sectores interesados puedan dirigirse a los partidos con representación parlamentaria para proponer las modificaciones que considerasen necesarias para mejorar el texto actual del Decreto Ley, “teniendo tiempo más que suficiente para proponer y concretar las modificaciones que estimen pertinentes”, ha añadido Rodríguez.
Ley de Movilidad Sostenible para Canarias
Para concluir, el consejero ha destacado que “esta norma no es la única que promueve la visión sostenible en el desarrollo del transporte, ni es la solución a los problemas de movilidad que existe en las islas”.
En este sentido, la Ley de Movilidad Sostenible para Canarias, cuyo proceso de participación ciudadana finalizó el pasado mes de junio, también contribuirá a incentivar, promover y potenciar medios y modos de movilidad más sostenibles en los entornos urbanos e interurbanos de las islas, abordando la movilidad, tanto de personas como de mercancías, desde una perspectiva sostenible que además garantice la protección del archipiélago canario, así como el bienestar y la salud de los que residen en las ocho islas.
