El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, se ha mostrado contundente al advertir de que “utilizaremos toda nuestra fuerza”, en el Gobierno, el Parlamento y el resto de las instituciones públicas de Fuerteventura y canarias con representación; para que el proyecto de Dreamland Studios se haga en una ubicación “alternativa, y si se hace”, a la decidida por la mayoría “pírrica” del Cabildo de Fuerteventura.
El líder de los canaristas progresistas denunció que la “inaceptable” aprobación de la declaración de Interés Insular de un proyecto, donde el 80% de los ingresos en el plan de negocio proceden de la restauración, una zona comercial e infraestructuras de ocio; es posible gracias al “coladero” de la Ley del Suelo del Ejecutivo de Fernando Clavijo, que NC rechazó con una enmienda a la totalidad. Rodríguez hizo hincapié en que es una decisión que pone en riesgo el territorio y los recursos naturales de la zona protegida de las dunas de Corralejo y la isla de Lobos en La Oliva, para favorecer los intereses privados de una minoría y en contra de los intereses generales de las majoreras, los majoreros, los canarios y del patrimonio mundial.
Desde Nueva Canarias, según el presidente, “no vamos a apoyar la ubicación del citado proyecto en una zona “sensible”, desde el punto de vista ambiental. La reclasificación de suelo rústico, compuesto por una superficie de 160.000 metros cuadrados, para una “supuesta” ciudad dedicada a la creación cinematográfica y al ocio turístico es una decisión “contraria” a los intereses generales. “No se justifica” y su ubicación, condenó, es “inaceptable”.
Los canaristas progresistas “utilizaremos toda nuestra fuerza” en la estructura gubernamental, a través de la Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos responsabilidad de Román Rodríguez. Así como con el grupo en el Parlamento, el resto de las instituciones públicas de Fuerteventura con el alcalde de Antigua y presidente insular de NC, Matías Peña, a la cabeza; para “impedir” que el citado proyecto salga delante junto a la Reserva de la Biosfera, junto a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Dunas de Corralejo e Islas de Lobos, la Zona Especial de Conservación (ZEC) Corralejo y el Parque Natural Corralejo. Un patrimonio que “pertenece a Fuerteventura, Canarias, a nuestros descendientes y al patrimonio mundial”, defendió.
Tras las elecciones del próximo mes de mayo, Román Rodríguez aseguró que Nueva Canarias decidirá las mayorías de muchas instituciones con la condición de poner la gestión de los recursos públicos al “servicio del bien común, sin sacrificar el interés general en favor de los particulares, de una minoría”.
Dreamland, en realidad, es un parque “temático”, declaró. El 80% de sus ingresos, añadió, “no son del cine” sino de los restaurantes y del ocio. Un proyecto de estas características, en sí mismo, no es motivo para el rechazo en NC, observó el presidente. Pero, Fuerteventura es una isla grande, con “suficiente” suelo calificado como para buscar una ubicación “alternativa”.
Román Rodríguez denunció que la “irresponsable” decisión de la mayoría “pírrica” del Cabildo pone en evidencia la Ley del Suelo de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias del Gobierno de Clavijo de la pasada legislatura. Una norma, tal y como citó, que permite a los cabildos y al Gobierno canario aprobar proyectos de interés insular o canario y a usar un mecanismo excepcional de reclasificación del suelo rústico para actividades ajenas.
“Advertimos”, recordó el responsable de los canaristas progresistas, que “se podían colar” iniciativas en las que los “intereses particulares se imponen a los generales, y no puede ser”. En su condición del portavoz del grupo parlamentario en la pasada legislatura, citó la enmienda a la totalidad de NC a esta ley del suelo con el fin de “evitar que el futuro de las islas se pusiera en peligro al sacrificar" el territorio y los recursos naturales por el interés de unas “minorías” empresariales “depredadoras”.
Comprar suelo por 80.000 euros y obtener una revalorización que puede ser superior a los 500 millones de euros, para Román Rodríguez, es promover, desde la administración pública, el negocio en suelo rústico cuando esta vía es, según el artículo 123 de la norma del suelo, para atender necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes. “Hacer negocios es legítimo, pero con las mismas reglas para todos”, exigió el presidente de Nueva Canarias.
El citado artículo 123, según consta en la ley, dice que los “proyectos de interés insular o autonómico tienen por objeto ordenar y diseñar, para su inmediata ejecución, o bien ejecutar sistemas generales, dotaciones y equipamientos estructurantes o de actividades industriales, energéticas, turísticas no alojativas, culturales, deportivas, sanitarias o de naturaleza análoga de carácter estratégico, cuando se trate de atender necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes. Estas circunstancias deberán estar justificadas debidamente en el expediente”.
