De las 165.974 hectáreas de extensión que tiene la isla de Fuerteventura, 50.000 se encuentran distribuidas en trece espacios naturales protegidos, lo que la convierte en la tercera isla con mayor área protegida de las islas Canarias. Casi un 30% del territorio insular se encuentra bajo alguna categoría de protección, aunque en la práctica esto tener ningún efecto", según denuncia la Asociación Canaria para la Protección de la Biodiversidad en un comunicado.
Las zonas incluidas de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos son declaradas por albergar los hábitats más significativos y los principales centros de biodiversidad de las islas.
En estas áreas, subrayan, crecen y se desarrollan especies únicas en el mundo, muchas de ellas amenazadas, que deben de ser respetadas y sus hábitats deben ser restaurados.
A estos espacios se le unen las zonas de la Red Natura 2000, que coinciden, en muchos casos, con estas áreas protegidas y que son los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Además, Fuerteventura fue declarada Reserva de la Biosfera en 2009 por la UNESCO, alegando su compromiso por el desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente.
Sin embargo, los ecologistas denuncian que "pese a que utilizamos y explotamos esta figura en todas las propagandas habidas y por haber, una Reserva de la Biosfera conlleva una serie de compromisos medioambientales que, lamentablemente, no se están respetando"
En los últimos años, se ha vulnerado la legislación ambiental en materia de conservación del medio natural, aseguran. No se respetan los caminos de la red de senderos, se fomenta la proliferación de especies invasoras en el ambiente, se permite el uso del medio como vertedero ilegal, se autorizan ralis en espacios protegidos "y la última: se va a permitir la acampada en los espacios naturales de la isla", recalcan.
Bajo el amparo de una ordenanza que se vende como "pionera", por ser la primera de entre los cabildos insulares, y respetuosa con el entorno, pues supuestamente no produce impacto en el medio natural, se podrá acampar en un Parque Natural como la isla de Lobos.
"A los problemas derivados de la masificación que ya sufre el islote, ahora se le sumará la acampada".
Con esta ordenanza, "no habría un área concreta y todo el islote podría ser colonizado por campistas. Así se expone este pequeño santuario de biodiversidad agonizante a su completa destrucción, sin que esto parezca afectar a nadie".
Con la nueva ordenanza, más de un tercio de los emplazamientos autorizados para las acampadas serán en áreas protegidas y en casi la mitad de la isla de Fuerteventura se podrá acampar.
Las acampadas, apuntan, suponen "un deterioro del medio natural que, en muchos casos, es irreparable". El pisoteo provoca la compactación y la erosión del suelo, se produce la apertura de pistas por el trasiego de caravanas y la aparición de senderos secundarios, se realizan movimientos de piedras y tierra, se generan cúmulos de basura, se produce el desbroce de especies vegetales protegidas y la perturbación de distintas zonas de descanso y nidificación de aves. Para la ACBC, éstos son algunos de los problemas que lleva aparejados la acampada y las actividades de ocio relacionadas con ellas y son prácticamente inevitables.
Así, la ordenanza no especifica localidades concretas para el desarrollo de la actividad campista, sino que delega en los Ayuntamientos esta labor. Los ya de por si "machacados" espacios naturales protegidos majoreros carecen del suficiente personal de vigilancia, como para además permitir a los campistas pernoctar sin la debida regulación en estas áreas a conservar.
El nuevo sistema propuesto es, por tanto, destacan, "totalmente inconcebible e incompatible con la sostenibilidad y el respeto con el medio".
Las acampadas y el camping merecen una regulación exhaustiva y fundamentada en evidencias científicas, evitando en todos los casos su práctica en los espacios naturales protegidos.
La ordenanza debe fijar localizaciones concretas en las que esta práctica no suponga detrimento alguno para el medio y la biota que en él vive. Además, los lugares susceptibles de acampar, en todo caso, deberán estar sujetos a inspección para el cumplimiento de la normativa.
La asociación pone en el punto de mira a cientos de caravanas y tiendas de campaña que "amenazan con colonizar y degradar aún más los esquilmados espacios naturales protegidos de la Fuerteventura".
Por esto, se precisa, insisten, de una ordenanza que regule de manera eficaz esta actividad, "pero no a costa del medio natural majorero y de su biodiversidad".
Cabe recordar al Cabildo de Fuerteventura que, de acuerdo con la legislación vigente, todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, deben velar por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural, teniendo en cuenta especialmente los tipos de hábitats naturales y las especies silvestres en régimen de protección especial
Por otra parte, aseveran, "la isla obtendría más beneficio del turismo si se alojaran en establecimientos para tal fin; campistas y autocaravanas hacen más uso del territorio que los beneficios que reportan a la población local".
