“Es una persecución obsesiva, más de 50 denuncias, la mayoría archivadas, menos estas dos (casos Gesturpa y La Pared) que se está recurriendo la apertura”. Son palabras del secretario general de los socialistas majoreros y también viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, en una entrevista este viernes en Radio Insular, donde avanzó: “cumpliré el código ético del Partido Socialista; ahí está el problema, quien promueve la denuncia lo que quiere es que sí o sí tenga que dimitir”.
Tras la interposición de los recursos, la Audiencia Provincial deberá pronunciarse y tomar la resolución de archivar o seguir con los procedimientos, aunque su dimisión, destacó, estaría supeditada únicamente a la apertura de juicio sobre el caso de La Pared “por tratarse de un caso de delito urbanístico”.
Recordó que el procedimiento está basado en las imputaciones de corrupción realizadas contra toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara, regido por Rafael Perdomo en 2010, y que se fundamentan en que “dimos la primera ocupación a una vivienda que ha sido licencia de obra en el año 2000, no eramos concejales entonces, se terminó su vivienda según proyecto y se le dio primera ocupación para que pusiera agua y luz”.
La persecución a la que se ve sometido se refleja también, según recalcó, en la “discriminación” que se produce en el auto de apertura oral en este caso en cuanto a la imposición de las distintas fianzas. “Yo he sido concejal de Planeamiento, no de Urbanismo, por qué la discriminación, por qué a unos se les impone una fianza de 70.000 euros (como es su caso), a unos 40.000, a otros, 20.000, si es el alcalde el que ha dado la cédula de habitabilidad”.
En la misma línea argumental, consideró “curioso” que la abogada de la acusación particular “tenga vinculación familiar con un periódico digital que tiene últimamente especial inquina” y que, opina se refleja en las publicaciones relacionadas con el propio Acosta.
Acosta también relató distintos episodios vividos y promovidos por adversarios políticos y algún empresario para, según cree, evitar su acceso al liderazgo de las instituciones majoreras. Un objetivo que mantiene; si no se ve obligado a dimitir peleará para volver a gobernar el Cabildo majorero.
En este punto, mostró su satisfacción por la capacidad mostrada durante su año de mandato reciente en la primera institución insular, en la que a pesar de tratarse de un año complicado por el impacto del Covid “fue un año de magnífica gestión”. En este punto, criticó la proceder del gobierno actual y de las formaciones que lo integran que “se han dedicado a paralizar Fuerteventura, y Fuerteventuar va a quedar paralizada los próximos 3 o 4 años si no hay ninguna propuesta que a día de hoy, no la hay”.
Gregorio Pérez presenta 104 denuncias contra empleados del Ayuntamiento de Pájara
El secretario general de los socialistas exigió a Coalición Canaria que dé explicaciones sobre las declaraciones realizadas por el edil nacionalista Miguel Ángel Graffigna en el escrito de renuncia a las competencias que tenía delegadas y que dejan entrever una gestión “turbia” por parte del alcalde, Pedro Armas, en materia sobre todo de urbanismo y relacionada con el PGOU que se está elaborando y que constituye un instrumento muy relevante para un municiio que tiene su planeamiento anulado desde 2003.
Son acusaciones muy graves, constató, “CC debería decir que niega las declaraciones de Graffigna o, si el concejal tiene certeza de las acusaciones que hace en el escrito de renuncia, sabe qué tiene que hacer”.
Para Acosta, existe un especial interés en judicializar la vida administrativa y política de Pájara. Así desveló que el empresario Gregorio Pérez, socio de la cadena SBH, “ha presentado más de 104 querellas a los empleados del Ayuntamiento de Pájara”.
Una estrategia dirigida, según el socialista, para defender supuestas irregularidades. “Pague usted lo que tiene que pagar y tire lo que tenga que tirar o lo deja pero hágalo”.
El viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias también destacó, durante la entrevista, la gestión que desde su Consejería se está realizando para otorgar los 1.142 millones de euros de ayudas dirigidas a las empresas canarias para paliar el impacto del Covid.
El pasado martes, se firmaba la resolución para abonar más de 4 millones de euros a cerca de 400 empresas y autónomos majoreros que han solicitado las ayudas.
De esta manera, confía en que en Canarias se pueda terminar de pagar todas las ayudas a finales de noviembre o principios de octubre “cuando hay otras autonomías que están pidiendo prórroga”, concluyó.
