Las corporaciones majoreras continúan rechazando la aplicación del artículo 6 bis mientras que la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias continúa su aplicación para sacar adelante iniciativas energéticas en Fuerteventura. Este artículo, que permite la declaración de proyectos como de "interés general" saltándose trámites ordinarios, ha generado una serie de disputas legales y públicas. Las últimas, relacionadas con la central térmica de El Charco y la instalación de una subestación eléctrica en Tuineje.
Por un lado, el Cabildo de Fuerteventura dio a conocer este viernes que ha interpuesto acciones legales contra la orden de interés general para la subestación eléctrica majorera en Tuineje, argumentando que el uso del artículo 6 bis ha sido arbitrario y sin consideración por las particularidades locales ni por el modelo de desarrollo sostenible de la isla. Este es el décimo proyecto que el Cabildo lleva a los tribunales bajo circunstancias similares, evidenciando un patrón de desacuerdo con la gestión del Gobierno de Canarias en cuanto a proyectos energéticos.
Por otro lado, la declaración de interés general de una subestación en la central térmica de El Charco.
Desde CC y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, su alcalde, David de Vera fue muy contundente al mostrar un “NO rotundo” a la ampliación de la central térmica de El Charco.
Manifestaciones que valieron la contestación por parte de Transición Ecológica aclarando que no se trata de la ampliación de la central sino del proyecto para una subestación dirigida a garantizar el suministro eléctrico. Justifica esta aprobación por un apagón reciente de varias horas en la ciudad capitalina.
El alcalde de la ciudad capitalina, por su parte, mantiene su postura ante las “argucias” de Transición Ecológica e insiste en que el proyecto fue rechazado debido a que, tal y como se contempló en la resolución del Ayuntamiento, se ha detectado “un defecto insubsanable porque las obras contempladas en el proyecto presentado incrementan la volumetría y altura de la edificación existente incumpliendo el Art. 362.2 de la LSENPC (art. 18.1 d) del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento deIntervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias)”.
De esta manera, el enfrentamiento abierto sobre la aplicación del artículo 6 bis en Fuerteventura continúa generando tensión en el gobierno regional y judicializando los procesos. Todo ello a pesar de que sí existe un consenso en la necesidad de promover fuentes de energía alternativa en Fuerteventura.
