Ante la inminente reapertura del CIE de El Matorral para acoger al primer centenar de inmigrantes que están instalados en la nave del Queso -en el polígono de Risco Prieto en la ciudad capitalina- la Asamblea Popular de Fuerteventura muestra su oposición a que la Maxorata se convierta “en isla-prisión de migrantes”.
La puesta en marcha de nuevo de una infraestructura “tan indigna como es el CIE de El Matorral…significa aislar a los migrantes sin haber cometido delito alguno, lo que atenta contra sus derechos” denuncian las entidades que integran la Asamblea.
Sus integrantes opinan que el Cabildo y los ayuntamientos majoreros deben oponerse a la actual política migratoria “y contribuir a una solución democrática que, innegablemente, pasa por permitirles continuar su ruta migratoria”.
La Asamblea condena y denuncia que el origen de la actual situación de bloqueo y encierro de los inmigrantes en Canarias “se encuentra en las políticas racistas del gobierno del Estado español y de la Unión Europea”.
Subraya que el hacinamiento y el encarcelamiento de las personas inmigrantes en el territorio canario son fruto “de una decisión política del actual gobierno español, con la connivencia de la Unión Europea y la permisividad del gobierno autonómico canario y administraciones insulares y locales, que se niegan reiteradamente a permitirles a los inmigrantes continuar su ruta migratoria hacia Europa”.
Responsabiliza al ministro del Interior de reactivar la ruta canaria “tras militarizar en el 2019 el Estrecho y el Alborán” y le señalan como el “responsable político” de la muerte de más de 1.800 personas que a lo largo del año 2020 trataron de llegar a las costas del archipiélago “pues la ruta canaria presentó el 85% de las muertes de inmigrantes africanos”.
También recalca la “complicidad y silencio de las instituciones insulares, locales y del gobierno de Canarias, que no están oponiéndose a que el Archipiélago se convierta en una cárcel de inmigrantes, la más grande de la historia de España”.
Acusa al gobierno por su política “imperialista” ya que “presiona y extorsiona a países africanos para arrancarles acuerdos de deportación de inmigrantes”. En esa línea, recuerdan que en la actualidad, España tiene acuerdos de devolución con Gambia, Marruecos, Mauritania y Senegal “y algunos permiten a España expulsar migrantes a algunos de estos países aunque no sean nacionales de dichos países, basándose solo en que durante la ruta migratoria hayan pasado por éstos”.
Además, denuncia que la participación militar española en la guerra de Mali “no ha dejado de crecer desde el año 2012” y asevera que es un país “del que provienen muchas de estas personas en calidad de desplazados y refugiados a causa del conflicto bélico”.
La Asamblea Popular destaca, asimismo, que la gestión migratoria del Ejecutivo se basa “en la violencia y arbitrariedad sistemática contra los inmigrantes, incumpliendo incluso su propia legislación”. Ponen como ejemplo, el hecho de que se les impide viajar, incluso si tienen pasaporte vigente, “llevando a cabo redadas policiales racistas en los aeropuertos para evitar que los inmigrantes puedan salir de nuestras islas”.
Estas políticas, advierte, consisten en impedirles salir de Canarias, recluirles en CIEs o campamentos inhumanos y expulsarlos del Estado español. “El gobierno progresista para garantizar la España fortaleza nos convierte en cárcel de inmigrantes y desde aquí se les expulsa”, recalcan.
En el mismo sentido, recalca que se ha normalizado la implementación de campamentos “vergonzosos e inhumanos, en los que se hacinan a los inmigrantes en condiciones infrahumanas”. Recuerdan el caso de Arguineguín y la denuncia realizada por Human Rights Watch para evidenciar que “este campamento violaba sistemáticamente los derechos básicos del ser humano”.
La Asamblea Popular de Fuerteventura denuncia, por último, la “impunidad” de la que goza el Gobierno “que puede llevar a cabo estas políticas sin que nadie sea responsabilizado ni juzgado”.
La Asamblea está integrada por el colectivo Guanil, la coordinadora Montaña Tindaya, el colectivo Artículo 47, la asociación Sáharafuerte, la Asociación Acción Social Obrera AASO, la Plataforma x1 nuevo modelo energético Fuerteventura PX1NMEF, el Movimiento ocupación Fuerteventura MOF, y a Asociación Fuerteventura Sostenible
