El Gobierno de Canarias acudirá al Tribunal Constitucional para defender sus competencias plenas en materia de Costas. Así lo anunciado el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, tras lamentar la “falta de voluntad política” del Estado que persiste en este conflicto competencial pese a que el artículo 157 del Estatuto de Autonomía confiere al Ejecutivo canario la gestión exclusiva del litoral del archipiélago.
El representante del Gobierno de Canarias se ha pronunciado de este modo al término de la reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado celebrada este lunes en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria donde ha constatado el “choque frontal existente sobre este asunto”, lo que obliga a la comunidad autónoma a “acudir al Tribunal Constitucional para que resuelva”.
El encuentro se ha saldado con un desacuerdo entre el Gobierno de Canarias y los representantes del Estado. La representación del Gobierno de Canarias en esta reunión ha estado encabezada por el presidente Fernando Clavijo, acompañado por el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello.
En nombre del Estado han participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España García, y el secretario Estado de Medio Ambiente. Hugo Morán Fernández.
Según ha explicado el consejero de Obras Públicas, durante la Comisión Bilateral Canarias-Estado los representantes del Gobierno español han mantenido su tesis “jurídica” de que la gestión de algunos expedientes de Costas sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica, cuando “se trataba de una reunión política donde debían demostrar su voluntad política de alcanzar un acuerdo”. El Gobierno de Canarias considera que esa posición “choca frontalmente” con el Estatuto de Autonomía, algo que Canarias defenderá ante el Tribunal Constitucional.
Pablo Rodríguez ha agradecido a los representantes del Estado el “bueno tono” mostrado en la Comisión Bilateral, pero también ha calificado de “decepcionante” que el Gobierno español haya rechazado las vías ofrecidas por Canarias para resolver este conflicto competencial. “Nos sentaremos todas las veces que haga falta, pero vamos a seguir defendiendo nuestro Estatuto y el derecho de Canarias a gestionar su litoral”, ha subrayado.
Informes a favor de Canarias
El Gobierno de Canarias sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus Servicios Jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen al respecto elevado por la Audiencia de Cuentas.
El 5 de abril y a petición del Consejo de Gobierno, el Consejo Consultivo emitió un dictamen en el que considera que la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera “invade la competencia” de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el real decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas.
El Consejo Consultivo estima que tanto el Estatuto como el real decreto disponen que “toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal que necesite concesión corresponde al Gobierno de Canarias”. En consecuencia, su dictamen apoya la posición del Gobierno de Canarias de plantear este conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional para que “restaure el orden constitucional quebrantado”.
Con ese amparo jurídico, el Ejecutivo autonómico ha dado ya todos los pasos previos preceptivos para poder acudir al Tribunal Constitucional en defensa su gestión exclusiva sobre el litoral en el caso de que no se alcanzara un acuerdo con el Estado. Hace dos semanas, presentó ya ante el Ministerio de Transición Ecológica un requerimiento denunciando la invasión de las competencias de Canarias en materia de Costas en la resolución dictada por este departamento el pasado de 27 de febrero de 2024.
Desencuentro de años
El desencuentro entre Canarias y el Estado sobre la gestión del litoral se mantiene desde la anterior legislatura, cuando el Gobierno autonómico también reclamó competencias plenas en la gestión del litoral de las islas.
Tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 2018, el Ejecutivo canario presidido por Ángel Víctor Torres inició las negociaciones con Madrid para el cumplimiento del artículo 157 y el traspaso de las competencias de Costas. De hecho, en octubre de 2021, el Gobierno autonómico ya se dirigió al Estado para advertirle que era el competente para resolver los expedientes abiertos en material de gestión del litoral.
Esta discrepancia se volvió a reflejar en agosto de 2022 en la firma del decreto de traspaso de competencia de Costas para su aplicación a partir del 1 de enero de 2023. De hecho, en febrero del año pasado, el Gobierno presidido por el ahora ministro de Política Territorial dirigió un escrito al Estado reclamando la no acción ante los temas controvertidos del traspaso de competencias y, ya en abril, solicitó también la convocatoria de la Comisión Bilateral y en especial la Subcomisión de Costas, para dirimir los conflictos competenciales.
Tras el desacuerdo plasmado este martes en la Comisión Bilateral Canarias-Estado, el Gobierno autonómico esperará ahora a que el Consejo de Ministros rechace su requerimiento sobre este conflicto, algo que se prevé que ocurra dentro de una semana. A partir de ahí, la comunidad autónoma tendrá vía libre para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
