A las nueve de este miércoles estaba prevista la ejecución de levantamiento de la vivienda ubicada en el número 150 de la calle Cervantes de la capital. Allí habita Cristina, una de las portavoces de la plataforma Art. 47 que apela al derecho constitucional a acceder a una vivienda digna.
Graduada en psicología, finalizó sus estudios en Tenerife donde trabajó hasta que se quedó sin empleo. Volvió a su lugar de origen, Fuerteventura, a pesar de la dolorosa experiencia que le había supuesto sufrir violencia de género. Los mercadillos le fueron proporcionando pequeños ingresos con los que ir tirando mientras residía en viviendas de amistades.
Logró encontrar una vivienda en pésimas condiciones. Se la alquilaban a un módico precio a cambio de recuperarla y ponerla en valor de cara a una futura venta.
A pesar del pago puntual mensual, le llegó una denuncia por usurpación de la vivienda pues su arrendadora no era, al parecer, la legítima titular del inmueble.
Cristina pudo demostrar en los juzgados que ella misma había sido víctima de la estafa y, a partir de ahí, trató de alcanzar un acuerdo con el verdadero titular de la vivienda: la Unidad de Crédito Inmobiliario, UCI, del Banco Santander.
En ese procedimiento, Cristina pudo constatar que su lugar de residencia es una vivienda de Protección Oficial, en régimen especial.
Por eso, trató de llegar a un acuerdo con la entidad bancaria para acordar el abono de un salario social, acorde al carácter del inmueble.
Sin embargo, el Banco Santander no ha mostrado el menor interés por la situación de Cristina, y ha querido seguir adelante para liberar el inmueble, según explicaba en los micrófonos del programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, Chus Vila; integrante de la plataforma Art. 47 y del MOF que daba cuenta del calvario vivido por su compañera.
A pesar de que Cristina está trabajando, en un empleo poco remunerado y poco estable, su situación sigue siendo de vulnerabilidad, no tiene alternativa habitacional y ha sido víctima de malos tratos.
Son los argumentos esgrimidos desde la PAH de Tenerife para lograr paralizar, in extremis, esta misma mañana el desahucio.
A las nueve, hora prevista de llegada de la comitiva judicial sólo estaban los miembros de la plataforma A 47 para evitar la salida.
Tras una hora de espera, la abogada de Cristina daba a conocer el aplazamiento. Ahora Cristina tiene dos meses más por delante para entregar al banco esta vivienda de Protección Oficial.
