La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Jana González Alonso, ha lamentado que “una de las respuestas de la consejera responsable de las políticas sociales de Canarias, en el momento el que tiene que dar cuenta de su gestión, esté basada en el marketing y en los fríos datos que aporta, los cuales no se corresponden a la realidad que viven los ciudadanos en islas como Fuerteventura o Lanzarote, donde tiene absolutamente abandonadas a las personas más vulnerables y dejadas de lado a las asociaciones que siempre han servido de respaldo a tantas familias con necesidad de apoyo”.
Para Jana, "se les acaba el tiempo a los miembros del Pacto de Las Flores para justificar lo injustificable, y prueba de ello es que venden como un hito el hecho de que hayan cambiado el nombre a un área”, comentó la diputada, "sorprendida por la cantidad de datos y campaña de venta vacía de contenido y responsabilidad de la consejera Noemí Santana".
“Mientras se llenan la boca presumiendo de aumento de recursos y de personal, lo cierto es que están enterrando a otras instituciones y condenando a muchas asociaciones sin ánimo de lucro que hasta ahora han sido un soporte vital y emocional para tantas familias”, lamenta Jana González.
“Lo que no cuentan es que desde la Consejería se reclama a los Cabildos que cedan su personal para paliar sus deficiencias, que hay menos dinero para el sistema de autonomía y dependencia en Canarias que en 2019, y no lo dice la oposición, sino el Informe del Diputado del Común”, aclaró.
González Alonso denunció que tampoco hay convenios de dependencia con los Cabildos, “alegando la necesidad de un informe de los costes, que quien lo asume son las entidades insulares”, apostilló.
Para la diputada majorera, “la acción de Derechos Sociales se basa en una campaña de imagen en la que no importan las personas sino los números, porque las altas del sistema no corresponden con un beneficio de las personas que están esperando por la resolución”.
“No tenemos plan de pobreza canario, el historial único sigue siendo ciencia ficción, el catálogo de servicios saldrá sin consenso, el reglamento de concierto social está aprobado pero hay entidades como Adislan, en Lanzarote, que se preguntan por su utilidad; más de 2.500 personas esperan por el procedimiento atascado de las pensiones no contributivas y seguimos esperando por la reglamentación de la Ley Trans”, enumeró Jana González, advirtiendo que “la huelga de Adislan en Lanzarote es solo el resultado de un política y una gestión que no está ni estará nunca al lado de quien tiene que estar por muchos que ellos vendan humo”.
