El Cabildo de Fuerteventura se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina con la lectura de manifiesto por parte de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mauritanas DIMBE en la entrada principal de la sede de la Corporación insular.
Cada 6 de febrero se conmemora esta fecha con el objetivo de condenar esta práctica reconocida internacionalmente como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y niñas.
La presidenta del Cabildo, Lola García, y el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, han agradecido la labor que desde hace años realiza DIMBE para poner fin a esta práctica que afecta a millones de niñas y mujeres de todo el mundo.
Destacaron, además, la importancia de dar visibilidad a una realidad no tan lejana, sino que, desgraciadamente, puede afectar a niñas y mujeres en Fuerteventura. En el acto estuvieron presentes, además, consejeros de grupo de gobierno y oposición, así como representantes municipales.
En el manifiesto, la representante de DIMBE, Hawa Toure, denunció que las mutilaciones genitales femeninas son un marcador evidente de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, siendo las previsiones de Naciones Unidas para 2024 de 4,4 millones de niñas en riesgo de sufrir mutilación genital. Según DIMBE, el coste económico de la atención sanitaria a estas víctimas es de 1.400 millones de dólares según la ONU.
En el caso de Canarias, las últimas cifras publicadas por el Instituto Canario de Igualdad han elevado a unas 4.500 mujeres que sufren o están en riesgo de mutilación genital femenina.
En Fuerteventura, DIMBE ha localizado 76 familias procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina. Por este motivo, la asociación ha insistido en la necesidad de hacer el trabajo comunitario de sensibilización, continuar haciendo seguimiento de los casos e implicar a hombres y niños para transformar las normas sociales que favorecen esta práctica. Además, es importante elaborar un protocolo de actuación en Canarias como instrumento fundamental para su abordaje, dirigido a servicios sanitarios, sociales, centros educativos, asociaciones y fuerzas de seguridad.
