La Asociación de Abogados Pro- defensa de los Animales PROTA, que ejerce como acusación popular en el Caso de `Los 90 Podencos de Mogán´ confía en que el juicio contra I.J.J, propietario de una finca en Agüimes donde agentes del SEPRONA rescataron a 84 ejemplares de Podenco en deplorables condiciones higiénico sanitarias y diversas lesiones sin atender, se celebre a comienzos de 2022.
PROTA aglutina en la acusación la comisión de cinco delitos, sumando 3 años y medio de prisión y multas de 36.000 euros, así como la inhabilitación para tener animales por 8 años, el decomiso definitivo de los animales y la indemnización a la gestora del Albergue de Bañaderos por los gastos incurridos en la manutención y cuidados veterinarios de los perros.
Los hechos se remontan a la presentación de la denuncia de la veterinaria del Ayuntamiento de Agüimes que recogió informaciones de protectoras de animales sobre la falta de atención de los animales durante el confinamiento del COVID.
Así, el 4 de abril de 2020 se inició una operativa de rescate de los animales de I.J.J. donde participaron 7 agentes del SEPRONA, 2 policías municipales de Agüimes, 2 veterinarios de Agüimes y TELDE, 2 operarios municipales y 2 voluntarios de FAUDA.
Operativa extraordinariamente profesional donde se incautaron ochenta y cuatro (84) perros en deplorables condiciones higiénico-sanitarias que presentaban lesiones y enfermedades sin atender, por lo que fueron depositados en el centro público insular de Gran Canaria, conocido como Albergue de Bañaderos, donde de inmediato se los atendió para desparasitarlos, curarlos, y censarlos en ZOOCAN, el Registro Canario de Animales de compañía.
En algún caso hubo que hacer intervenciones quirúrgicas de emergencia y por desgracia, un cachorro de unos tres meses en estado caquéxico falleció a causa de infecciones que no se pudieron curar.
La Asociación de Abogados Pro- defensa de los Animales PROTA, domiciliada en Fuerteventura, se personó de inmediato como acusación popular, haciéndolo cinco meses después el partido político PACMA, así como tres asociaciones protectoras de animales de la isla de Gran Canaria.
De entre los animales incautados había setenta y seis sin microchip y ocho censados.
Gracias al Juzgado de Instrucción TELDE 2 y a petición del Albergue de Bañaderos, se consiguió el permiso para dar en adopción a los perros sin microchip, lo que se ha llevado a efecto en cuanto se ha podido, dado el estado de stress de los animales.
Todos han sido adoptados por personas capacitadas, habida cuenta del estado en el que se encontraban los canes. Posteriormente se consiguió la autorización para dar en acogida de los ocho perros restantes.
La asociación PROTA solicitó como medida cautelar la prohibición de tenencia de animales durante el transcurso del procedimiento penal sin que, hasta el momento, se haya dictaminado nada por el órgano judicial.
Todos los perros presentaron evidencias de maltrato físico y/o psicológico y maltrato cruel, lo que fue verificado por los peritos de la acusación popular de PROTA, la veterinaria especializada en Bienestar Animal, Cathaisa Francés y el veterinario etólogo Ignacio García, así como por los servicios veterinarios del Albergue de Bañaderos.
