Muchos problemas y pocas alternativas en la zona de Playa Blanca
El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha abordado sin ambages la grave situación que atraviesa la urbanización Marlape, en Playa Blanca, durante una entrevista concedida a La Voz de Fuerteventura en Radio Insular. Una urbanización, propiedad de SAREB, que se ejecutó en dos fases; una de ellas quedó sin concluir y ahora se ha convertido en solución habitacional para muchas personas y familias que residen allí de forma irregular.
El regidor hizo especial hincapié en los problemas detectados que los agentes de la Policía Local han destacado en distintos informes y que evidencian la existencia de vertidos ilegales, quema de vehículos y contenedores, actuaciones irregulares en las viviendas sin terminar y de infraestructuras abandonadas que suponen un peligro real para los residentes", denunció De Vera.
Uno de los ejemplos más alarmantes es la presencia de arquetas de hasta seis metros de profundidad que permanecen abiertas, muchas de ellas en zonas donde juegan menores, recalcó.
La corporación lleva tiempo tratando de encontrar una solución para esta urbanización que contó, en su día, con los permisos necesarios para construirse pero que, una vez paralizada la obra y aprobado el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, quedó fuera de ordenación.
Además, según explicó De Vera, a la Sareb toda la urbanización le consta como una única parcela, un único activo, ya que ni siquiera las 91 viviendas existentes constan segregadas.
Tras numerosas reuniones con la gestora de activos, que cuenta con un 52% de accionariado público, recalcó el alcalde, “está muy avanzado el expediente de disciplina urbanística”.
Sin embargo, De Vera es muy consciente de que Sareb cuenta con miles de activos de este tipo en toda la geografía nacional y, éste, inmerso en una situación urbanística demasiado compleja no resulta uno de los más atractivos.
Por eso, y a pesar de que no es lo deseable, el gobierno local no descarta tener que iniciar un expediente de demolición en el caso en el que la titular de la urbanización, no actúe. "No queremos la demolición de Marlape, pero pocas alternativas nos quedan al equipo de gobierno", recalcó durante la entrevista.
El gobierno local mantiene, además, otra línea de acción con la gestora. Está centrada en Rosa Vila donde existen 24 infraviviendas que sí son susceptibles de destinarse a vivienda social. Las conversaciones están bastante avanzadas con Sareb y también con el ICAVI para que, entre todas las partes, se pongan los inmuebles a disposición de las familias más vulnerables, cuanto antes. "Nos interesa mucho Rosa Vila porque reúne las condiciones adecuadas para el desarrollo de vivienda social", señaló De Vera.
Irregularidades, intereses políticos y próximo asfaltado en La Mareta
El regidor también avanzó que está próxima la aprobación de las modificaciones que se están llevando a cabo en el Plan General de Ordenación Urbana para intentar regularizar otras áreas además de Playa Blanca. También Puerto Lajas o Llanos de La Mareta. Una zona en la que este mes darán inicio las obras de asfaltado de varias vías, muy demandadas por los vecinos.
En este punto, De Vera criticó abiertamente las actuaciones de la corporación anterior. En la anterior legislatura se llevaron a cabo varias actuaciones en el lugar “con fines claramente políticos y sin contar con una seguridad jurídica”, denunció.
"Escuchábamos que eran los propios vecinos quienes pagaban los arreglos, lo cual no es cierto", señaló De Vera. Lejos de buscar la confrontación, insistió, el actual equipo de gobierno ha trabajado para regularizar la situación legal de los viales y obtener las autorizaciones necesarias para proceder con el asfaltado. "Este mes por fin comienzan las obras de asfaltado", tras garantizar la seguridad jurídica de los trabajos, confirmó el alcalde.
Poner fin a las quejas sobre terrazas en vía pública
Por último, el alcalde adelantó que en la sesión plenaria de este lunes se debatirá, y previsiblemente se aprobará, la nueva ordenanza sobre terrazas; una normativa que busca regularizar las ampliaciones que muchos negocios llevaron a cabo durante la pandemia. "Queremos flexibilizar la normativa, pero siempre garantizando la movilidad y la accesibilidad en las vías públicas", explicó De Vera.
Esta nueva ordenanza tiene como objetivo ofrecer un equilibrio entre los intereses de los establecimientos y las necesidades de los peatones, asegurando que las terrazas respeten el espacio público. "No todas las terrazas serán regularizables, pero estamos trabajando para encontrar soluciones que beneficien tanto a los negocios como a la ciudadanía", aseveró.
Entre otros destacados temas, también hizo hincapié en la defensa de los poblados afectados por la Ley de Costas, en el marco del Federación Española de Municipios y la necesidad de proteger la pesca artesanal en Canarias.
