Poco a poco todas las viviendas ubicadas en Playa Blanca, en la urbanización Marlape, en el municipio de Puerto del Rosario, se han ido okupando hasta generar un "guetto" que preocupa a los vecinos y vecinas, principalmente a los residentes en la zona, y, también, a los responsables políticos.
La inseguridad es patente, se queman vehículos y “da miedo” transitar por la zona reconocen residentes en las cercanías. Algunos, incluso, denuncian la existencia de “prostitución y tráfico de drogas”.
Desde la oposición, ediles como Miguel Felipe Rastrero, de Vox, han puesto el foco en que, además, se puede estar generando un problema de salud grave porque se están filtrando, según aseveró públicamente, aguas sucias “que están llegando hasta la misma playa”.
La tensión crece y el gobierno local “está muy preocupado”. Así lo reconoció la edil de Planificación y Urbanismo, Ana Hernández, en una reciente entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular donde recordó que desde que dio inicio la legislatura el Ayuntamiento ya hizo el primer requerimiento a la SAREB y al no obtener respuesta “iniciamos un expediente por infracción urbanística” y también se dio cuenta a Salud Pública.
Pero la situación, subrayó, ha ido a peor ya que se han okupado prácticamente todas las viviendas. Los inmuebles, sin terminar de construir, no tienen título habilitante “y no sabemos en qué condiciones están”.
No tienen saneamiento, ni servicio de basura, hay coches quemados y los vecinos se sienten muy inseguros, lamentó. “Los informes que han hecho los técnicos municipales son demoledores”.
Se trata de un problema que afecta a todas las áreas del Ayuntamiento “y nos hemos unido todos desde las diferentes concejalías porque estamos muy preocupados…., hasta ahora, nadie había movido ficha”, recalcó.
Con todo ello, el alcalde portuense, David de Vera, la edil de Vivienda, Toñi F. Aragón, y la propia Hernández se desplazaron hasta las oficinas de la SAREB en Madrid para mantener un encuentro que facilitó la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández.
Allí, con toda la documentación, se instó a la SAREB a actuar cuanto antes “porque su responsabilidad es máxima sobre unas edificaciones y unas estructuras que nadie sabemos cómo están”, alertó.
La Sareb estudia ahora hacer uso de los informes facilitados por la corporación para actuar con celeridad y evitar una larga vía judicial para lograr desocupar las viviendas.
Hernández tiene claro que van a tener que buscar una solución, “no les va a quedar otra porque la responsabilidad que tienen es máxima”, concluyó.
