Lola García explica que “esta propuesta del Ministerio va en contra del sentir de la sociedad majorera y las instituciones insulares que, históricamente, hemos pedido precisamente lo contrario: que se desmantelen, de una vez, todas estas instalaciones en El Charco, alejándolas de las zonas pobladas”. “Llevamos años pidiendo que la Central Eléctrica del Charco desaparezca y lo que no tiene sentido es que, en lugar de ello, se premie a las empresas que quieran instalarse en esta zona”.
Al mismo tiempo “no se entiende que en esta resolución no tengan en cuenta espacios ya consensuados y propuestos como alternativa para mover la citada central del Charco, como los terrenos puestos a disposición por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en la zona de los Llanos Pelados”. Un suelo público de gran extensión (301.646 metros cuadrados) y alejado de núcleos poblacionales.
“Estamos de acuerdo con que se garantice el suministro energético, pero siempre de manera organizada y planificada en el territorio, de manera que no se perjudique a la población”, concluye Lola García.
Por su parte, la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, apunta que “esto es una muestra más de que las instituciones suprainsulares no conocen la realidad de nuestro territorio majorero y mucho menos de las demandas que las administraciones llevan más de una década reivindicando”.
El decreto del Ministerio fue estudiado por un equipo de expertos de la Universidad de La Laguna, liderado por el catedrático Ricardo Guerrero, que al mismo tiempo redactó las alegaciones en base al posicionamiento y planeamiento insular. Se pide, además, que se primen aquellos terrenos donde no se recurra a expropiaciones forzosas a vecinos y vecinas de Fuerteventura.
