Los ecologistas destacan, en un video informativo publicado tras la resolución, que en 2020 denunciaron construcciones ilegales en el entorno del establecimiento “como una rotonda de acceso entre el hotel y los apartamentos, una carretera de acceso y el vallado y cerramiento de espacios públicos”. En 2022, el Ministerio ya multó a Riu por infracción grave y ordenó derribar estas construcciones. Un nuevo incumplimiento por parte de la propiedad derivó en el inicio del expediente de caducidad de la concesión, subrayan.
Ben Magec-Ecologistas en Acción recalca que no luchan contra la cadena Riu, ni contra el empleo ni el progreso, “nuestra lucha es en defensa del territorio y contra quienes escudándose en la creación de empleo, hacen uso privativo de nuestras costas y espacios protegidos”.
Lo hacen, prosiguen, “saltándose la legalidad y perpetuando un modelo turístico depredador que consumo territorio y precariza a la gente”.
Los colectivos concluyen que esta resolución “es la victoria de quienes defendemos las Islas y un modelo turístico sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.
