La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, criticó duramente la la falta de respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica a la solicitud de renovación del Hotel Riu Oliva Beach y aseguró que el expediente supone “una tremenda arbitrariedad más propia de un estado no democrático y dictatorial que de un estado de derecho como es España”. En una entrevista con Sergio Lavandera, en Fuerteventura FM, confesó que cada vez le quedan “menos esperanzas aunque no tira la toalla” y aseguró estar haciendo “todo lo que está en mi mano” para resolver esta “gravísima situación que afecta a 400 familias de forma directa y que supone un tremendo impacto social y económico para el municipio”.
A la espera de que la ministra titular Teresa Ribera responda a su petición de cita “y también algún que otro miembro del gobierno”, González reconoce que la corporación tiene muy escaso margen de maniobra y apunta a que el problema subyace en que “lo que hay es una total falta de voluntad política por parte del Ministerio”.
A pesar de ello, asegura que tratarán de utilizar todas las vías posibles antes de acudir a la justicia porque debido a la lentitud de los procedimientos judiciales en este país “se podría perjudicar a los trabajadores del hotel”.
La regidora del municipio norteño recordó que en 2016 se firmó un convenio entre el Estado y la compañía propietaria del establecimiento por el que se concedía un plazo de explotación de 80 años; a cambio, el Estado recibió la propiedad de Lobos y estableció, además, un canon de dos millones anuales por la explotación de los dos hoteles ubicados en la zona que pertenecen a la misma propiedad, concluyó.
