Un plano del año 61, "clave" en el proceso
“Si no hubiésemos actuado, habríamos perdido el pueblo de Corralejo por completo”. Son declaraciones del portavoz del Comité de Afectados, Miguel Socorro, en la rueda de prensa ofrecida este jueves en la sede del Cabildo de Fuerteventura para destacar que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por los vecinos contra la sentencia de la Audiencia Provincial que absuelve a los responsables “de la estafa impropia de la que han sido acusados por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular”.
Una victoria, de momento pírrica, a la que se aferran para seguir luchando hasta el final “y que los estafadores sean condenados”, destacó Socorro, haciendo hincapié en la relevancia de este avance jurídico y recordando que solo el 29% de los recursos llegan a esta fase y que apenas el 11,6% prosperan.
En esta línea, solicitan la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la que se determina que “no hay estafa” por quienes promovieron, a través de un complejo entramado empresarial, la usurpación de los inmuebles de los vecinos del enclave costero.
Miguel Socorro, acompañado del también abogado y defensor de la causa de los “viejitos” de Corralejo, Gregorio Benítez, explicó que el recurso fue aceptado gracias a la solidez de las pruebas aportadas; entre ellas una escritura del año 1961 que ya “reconocía que el pueblo no estaba en venta” e incluía un plano donde se identificaban casa por casa a todos los propietarios.
“En esa propia escritura no solo recogen un plano importantísimo para nosotros, el plano elaborado por el aparejador de Gran Canaria, don Victorio Rodríguez Cabrera, donde nominaba casa por casa en el año 61 quién eran los propietarios de la finca”, recalcó.
Queremos condenas, es de justicia
El letrado criticó duramente la sentencia de la Audiencia Provincial y apuntó a que "el magistrado ponente no ha estudiado para nuestro entender todo el expediente que hemos presentado; más de mil folios llenos de documentos notariales, registrales, mercantiles, donde acreditamos la trama inmobiliaria que se ha organizado con las casas del Casco Viejo”.
Además, mostró su extrañeza porque el mismo magistrado “había dictado tres sentencias favorables al pueblo, reconociendo la usurpación y la mala fe del comprador. Ahora dice que no hay estafa”, lamentó.
En el Tribunal Supremo solicitan la nulidad de la sentencia, la devolución del expediente a la Audiencia Provincial y que “se celebre nuevamente el juicio, estudiándose toda la documentación que nosotros hemos aportado”.
Para finalizar, dejó claro que “esta gente merece ser penado, merece ser condenado. Yo creo que es de justicia lo que estoy diciendo”, concluyó.
