La senadora por Fuerteventura y coordinadora del Grupo Territorial Socialista de Canarias, Paloma Hernández, ha mantenido este miércoles una reunión con el Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel, con el objetivo de trasladarle la situación en la que se encuentra el Partido Judicial de Puerto del Rosario, los graves problemas de los que adolece e invitarle a que se inicie su cambio de categoría a la condición de magistrado y se proceda a la separación de jurisdicciones dentro de esta unidad territorial para la administración de justicia.
Durante la reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Justicia y a la que también asistió el portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, José María Oleaga, la senadora majorera insistió en la necesidad de elevar, de tercera a segunda, la categoría del Partido Judicial de la isla, lo que supondría mayor independencia y se evitarían los actuales problemas organizativos y de gestión. “No es de recibo que una isla como Fuerteventura no cuente con unos juzgados acordes con su población y sus necesidades. La actual categoría hace que dependamos, en algunos asuntos, del decanato de Arrecife lo que resulta ilógico y poco operativo”.
El Partido Judicial de Puerto del Rosario abarca la totalidad de la isla de Fuerteventura que, con una superficie de 1.659,71 km2 es la segunda más extensa del archipiélago canario. Su población residente es de 122. 629 habitantes, si bien cuenta con una población flotante de 300.000 habitantes como consecuencia del turismo, que se mantiene durante todo el año.
Los órganos judiciales en Fuerteventura cuentan en la actualidad con siete juzgados de primera instancia e instrucción; además de dos juzgados de lo social y uno de lo penal que dependen orgánicamente del Juzgado Decano de Arrecife, al tener el partido judicial de esa isla la categoría de magistrado de la que adolece Fuerteventura. Esto lleva aparejado multitud de problemas organizativos y de gestión, pues el decanato de Arrecife se ve obligado a gestionar el reparto y la coordinación de órganos judiciales con los que tiene una gran dispersión territorial.
Por otro lado, la situación de los siete juzgados de primera instancia e instrucción aconseja que se aborde la separación de las jurisdicciones, pues ello facilitaría una mejor gestión del trabajo y de los espacios judiciales, agrupando a los de un mismo orden en las diferentes instalaciones.
