Entre las principales críticas de la Plataforma se encuentran la falta de una adecuada evaluación de impacto ambiental y la incompatibilidad de las actividades extractivas con los hábitats naturales protegidos, especialmente en zonas de especial conservación (ZEC). "Es inaceptable que se consideren trabajos previos que claramente no respetan la biodiversidad de nuestra isla", afirmó la Plataforma.
El dictamen jurídico solicitado por el Cabildo, elaborado por el doctor en Derecho Martín Orozco Muñoz, también es clave en el posicionamiento de la Plataforma. El informe detalla irregularidades procedimentales y confirma que admitir las solicitudes sería contrario a derecho. Asimismo, aclara que la negativa a tramitar los permisos no generaría indemnizaciones, desmontando así uno de los argumentos que preocupaba al Gobierno autonómico, recalca la Plataforma.
Desde el colectivo se critica, además, que la empresa interesada haya utilizado investigaciones de universidades públicas sin autorización para presentar sus solicitudes; "papeles vagos y llenos de imprecisiones".
Por eso, sugieren que si la empresa requiriera derechos indemnizatorios por presentar papeles, también las universidades públicas podrían “solicitar a SATOCAN una indemnización millonaria debido a que la empresa utilizó y/o robó sus estudios, pagados con dinero público, con el fin de obtener un enorme beneficio privado”.
Finalmente, la Plataforma insta al Gobierno a actuar con celeridad y decisión para restablecer la seguridad jurídica y respetar la voluntad ciudadana, expresada tanto en el Parlamento de Canarias como en los cabildos y ayuntamientos.
Este comunicado refuerza el rechazo generalizado en Fuerteventura hacia la explotación minera y subraya la importancia de preservar los recursos naturales y el equilibrio ecológico del territorio insular.
