Durante su intervención en el programa La Voz de Fuerteventura, de Radio Insular, Fernández destacó la necesidad de hacer de la movilidad un derecho social apostando por la sostenibilidad. En esta línea, y con la participación del máximo numero de entidades y colectivos, se encamina a elaborar la ley canaria de movilidad; una de las primeras a nivel estatal e, incluso, “podría llegar antes que la estatal”. Es el motivo por el que este jueves se encuentra en Fuerteventura, tras recorrer Lanzarote y Tenerife, buscando la máxima aportación para enriquecer el documento.
El transporte público, y en especial las guaguas, centraron buena parte de la entrevista en la que Fernández reconoció las dificultades que atraviesan las de Canarias debido a la falta de transferencia de los 81 millones de euros comprometidos por el Estado para garantizar la gratuidad del transporte público. “Hay que recordar que la gratuidad del transporte tiene que ir acompañada de recursos para que sea sostenible”, afirmó. Este retraso ha forzado a los cabildos a utilizar recursos propios para mantener una medida que debe ser asumida por el Gobierno central.
Una medida que, por otro lado, ha hecho incrementar en un 44% el índice de usuarios del servicio colapsando, en el caso de las Islas, un sistema que a duras penas tiene capacidad para hacer frente. En Fuerteventura las guaguas resultan insuficientes, en muchos casos tienen muchos años y no están en condiciones para hacer frente a la avalancha que ha supuesto la creciente demanda. De hecho, el Cabildo trabaja en la próxima licitación del servicio y el consejero titular, Luis González, dará cuenta en la próxima sesión plenaria de cómo está avanzando el procedimiento.
“Los cabildos y las concesionarias han estado sosteniendo el servicio de transporte público este este tiempo” reiteró para denunciar que “no se puede hacer política estatal a costa de los recursos de las administraciones insulares”, lamentó Fernández.
El reto de las licencias de taxi y VTC
Otro tema abordado fue el papel de los cabildos en la concesión de licencias de taxi y VTC, desde el pasado mes de agosto. De momento, hay un año de suspensión para establecer cómo se van a aplicar criterios de sostenibilidad en el crecimiento de autorizaciones para operar en el territorio. Los cabildos, “bajo sus propios criterios, puedan abrir la puerta de manera sostenible y bajo estos criterios y parámetros de sostenibilidad a la entrada de nuevas VTC”, explicó Fernández. En el caso de que los criterios se establezcan antes de cumplirse el año, “antes empezarán a dar licencias y autorizaciones porque esto no sólo va a afectar a las nuevas autorizaciones de VTC, va a afectar a la autorización de nuevas licencias de taxi”, subrayó.
Laboratorio de movilidad: diagnóstico y acción
La directora general también destacó durante la entrevista la importancia del laboratorio de movilidad como un espacio para proponer soluciones adaptadas a la realidad de las islas. “Este laboratorio nos permitirá estudiar qué medidas son más efectivas para mejorar la sostenibilidad y la movilidad en Canarias”, pero también es fundamental hacer pedagogía para explicar a la ciudadanía por qué es importante apostar por el transporte público.
Para concluir, Fernández insistió en que la movilidad debe considerarse un derecho social, especialmente en territorios fragmentados como Canarias, donde el transporte es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades. “La movilidad no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho que permita a todos los ciudadanos acceder a servicios básicos y mejorar su calidad de vida”, concluyó.
