Prospectar en Fuerteventura: coser el suelo con agujeros de cien o doscientos metros de profundidad
Más de 45 kilómetros cuadrados de la superficie de Fuerteventura están en el punto de mira de la empresa Satocán que ha solicitado permisos para investigar tierras raras en los municipios de Pájara, Puerto del Rosario y La Oliva, afectando a casi toda la costa oeste de la Isla y prospectando agujeros en el suelo “de unos cien, doscientos metros de profundidad”.
Unos permisos al amparo de la PNL promovida por el grupo socialista que fue aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado 27 de septiembre. Proponía que se estudie a Canarias como territorio estratégico, dentro de la Unión Europea, para el suministro de materias primas críticas.
Cambio de parecer
Una vez se han hecho públicos los permisos, cuyos procedimientos se están tramitando, ha saltado la voz de alarma provocando una corriente unánime de rechazo absoluto por parte de la sociedad majorera que ve gravemente amenazado el territorio y, también, por parte de todas las formaciones políticas majoreras. Las mismas que posibilitaron la aprobación de la PNL, abriendo las puertas a la actividad minera a cielo abierto.
Pero, ¿qué ha motivado el cambio?. El director insular de Transición Ecológica del Cabildo de Fuerteventura, José Domingo Fernández, explica en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular, que “en la PNL la idea era que fueran las corporaciones públicas las que impulsaran la investigación, no la empresa privada”. Visto lo visto, reconoció después, “quizás por la prisa, la PNL no se redactó como se debiera”. También reconoció la presión ejercida por la población majorera.
Ahora tanto el Partido Popular como Coalición Canaria en Fuerteventura presentan otra PNL para evitar que los permisos prosperen y piden el apoyo unánime a esta Proposición que sustituiría a la presentada por Nueva Canarias.
Una Ley sin protección ambiental y un Parque Nacional de Zonas Áridas
De forma paralela, el Partido Socialista y Coalición Canaria también instan al Gobierno central a cambiar la Ley de Minas que data de 1973 “y que no contempla la protección medioambiental”.
Una Ley que se había previsto cambiar porque está obsoleta, dijo Fernández, “pero por el tema de la pandemia, quedó relegada”.
Y es que la Ley franquista, no solo no protege el territorio, sino que abre la puerta a que las empresas autorizadas a investigar puedan también explotar y convertir el territorio en una extensa mina.
A pesar de todas las circunstancias, el director insular se encuentra confiado en que las solicitudes no vayan más allá.
Por un lado, las reservas de Canarias son tan nimias que no resultan rentables, subrayó; y, por otro lado, el elevado grado de protección que ya tiene el territorio, Reserva de la Biosfera, “no va a hacer factible la actividad”.
Una protección que podría elevarse, además, con la catalogación del Parque Nacional de Zonas Áridas que de nuevo retomará el Cabildo de Fuerteventura, según anunció.
A todo ello se suma la oposición de todas las corporaciones majoreras, el rechazo social, el apoyo de la FECAM y de la FECAI.
Los vecinos de Ajuy lideran la protesta ciudadana movilizándose y recabando firmas para acabar con esta amenaza. La próxima cita tendrá lugar el sábado, 27 de abril, a las doce en la Playa de Corralejo donde se prevé tejer una gran cadena humana.
