El Consejo de Gobierno de Canarias aprobará este próximo lunes el plan de prevención de Inundaciones y el plan hidrológico de Fuerteventura. Un documento vital en esta isla, donde el Cabildo ha prorrogado un año más la declaración de emergencia hídrica, y que “debería haber entrado en vigor para el 31 de diciembre de 2021”.
Un retraso que ha criticado con dureza el consejero de Política Territorial, Cohesión Social y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda´ motivado por la inacción de la anterior corporación, criticó en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
Según Miranda, a inicios de legislatura “nos encontramos el plan hidrológico a medio hacer” cuando el nuevo equipo asumió el cargo. “Afortunadamente, en un año hemos logrado ponerlo en marcha, y esta semana comenzaremos a trabajar en el plan que tendrá vigencia a partir de 2028”. La aprobación del plan actual permitirá a Fuerteventura adaptarse a las exigencias de la Unión Europea y evitar sanciones futuras.
“No nos puede volver a ocurrir que Canarias esté pendiente de sanciones europeas porque los planes hidrológicos no están terminados en tiempo y forma”.
La UE pone la lupa en el saneamiento de El Matorral y en Las Gaviotas
El consejero majorero reveló que hay expedientes abiertos por deficiencias en el saneamiento en El Matorral y en Las Gaviotas, en el sur de la isla. "No se tiene un sistema de saneamiento correcto, y Europa nos tiene bajo el punto de mira", explicó.
Reconoció que las deficiencias en estas áreas han generado preocupación sobre posibles sanciones económicas “que suelen ser millonarias y podrían afectar a toda la Comunidad Autónoma”.
Estos procedimientos abiertos, insistió, pueden condicionar las subvenciones europeas no solo para Canarias, sino también para el conjunto de España, poniendo de relevancia la gravedad de la situación.
Asimismo, afirmó que el Gobierno de Canarias está en conversaciones con AENA y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para encontrar soluciones, como la construcción de una nueva depuradora en El Matorral o el bombeo de aguas hacia la depuradora existente en Puerto del Rosario.
Asegurar el agua en Fuerteventura
El consejero de Aguas del Ejecutivo regional subrayó que el nuevo plan hidrológico permitirá, además, planificar y asegurar el abastecimiento de agua para los próximos seis años, así como la mejora de las infraestructuras hídricas, incluyendo la ampliación de las desaladoras de Puerto del Rosario y Gran Tarajal. "Si no solucionamos el problema del agua en el sur de Fuerteventura, tendremos permanentemente cortes", advirtió.
Miranda avanzó que el Gobierno trabaja para garantizar que el próximo plan hidrológico, que cubrirá de 2028 a 2034, “esté listo a tiempo para evitar sanciones y asegurar el bienestar de los habitantes de Fuerteventura".
Una demanda histórica de la población majorera que continúa sufriendo las consecuencias de la falta de abastecimiento en los hogares y, también, en el campo majorero.
Sin cumplir con Europa
Manuel Miranda también denunció la falta de coordinación entre entidades para poner en valor el territorio en la zona conocida como SAU 8, que discurre entre el núcleo urbano de El Cotillo y el faro. Una de las medidas correctivas impuestas por la Unión Europea en contrapartida por la urbanización Origo Mare, en Majanicho.
Ha sido en los últimos diez meses, aseguró, cuando el Gobierno de Canarias ha coordinado esfuerzos con el Cabildo y el Ayuntamiento de La Oliva para cumplir con los requisitos europeos, asignando una partida de 350.000 euros para iniciar las obras en el SAU 8 de El Cotillo, que comenzarán después del otoño. "Ya no podemos mirar hacia otro lado; es una cuestión de urgencia", afirmó.
En una segunda fase, está prevista otra partida que supera con creces el millón de euros con el objetivo de recuperar el territorio y devolverlo a su estado original.
Avances en la Ley del Suelo para fomentar la vivienda pública
Durante la entrevista, Miranda también abordó la necesidad urgente de aprobar la nueva Ley del Suelo, un proyecto clave que busca mejorar la disponibilidad de vivienda pública en Canarias. La ley, que se encuentra en fase de consultas con diferentes agentes y ayuntamientos, pretende introducir mecanismos para facilitar la construcción de viviendas tanto públicas como privadas.
Entre los aspectos más destacados de la ley, se encuentra la diferenciación de iniciativas según la capacidad de crecimiento de los municipios. “Queremos propiciar que las administraciones tengan herramientas para fomentar la vivienda, especialmente en aquellos municipios con menos de 10,000 habitantes que enfrentan mayores dificultades en su planificación”, explicó Miranda.
Además, según comunicó, la ley busca clarificar conceptos técnicos y proporcionar una normativa más flexible que agilice la construcción de viviendas y el desarrollo de infraestructuras.
“El problema de falta de vivienda, no es solo un problema de legislación; es un problema más amplio que incluye falta de recursos, dificultades técnicas y planificación ineficaz", concluyó.
