El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes los criterios para la elaboración de un proyecto de ley para la delimitación del asentamiento rural de Cofete, "que permitirá poner a salvo este tradicional caserío con más de doscientos años de historia, y facilitará su definitiva regularización y protección".
De esta forma, según destaca el comunicado remitido por la corporación, se aportará seguridad jurídica a los vecinos afectados, cuyas viviendas quedaron sin amparo urbanístico tras la anulación del anterior Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2013.
La delimitación gráfica, "inmediata y urgente" de este asentamiento rural preexistente será promovida por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y tendrá carácter transitorio, hasta que el Cabildo de Fuerteventura proceda a su ordenación pormenorizada dentro del nuevo plan rector, documento donde se identificará definitivamente el poblado y se garantizará el adecuado equilibrio entre los intereses vecinales y la protección medioambiental.
La delimitación deberá realizarse sobre el estado en el que se encontraba el diseminado de edificaciones en el año 1994, momento en el que se produjo la declaración de Espacio Natural Protegido y se estableció excepcionalmente la compatibilidad del mismo con los núcleos poblaciones preexistentes. La identificación de las viviendas se realizará mediante la información recogida en la cartografía y ortofotos del año en cuestión, que ya ha sido localizada y verificada por los técnicos de la consejería.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, manifestó su satisfacción al “poner fin a este complicado enredo en el que se encontraba el caserío de Cofete y terminar de una vez por todas con el calvario que han pasado los vecinos en los últimos años”, y agradeció “el consenso alcanzado con el ayuntamiento de Pájara y el Cabildo de Fuerteventura en la búsqueda de esta solución, con la ayuda de los técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio”.
Manuel Miranda aseguró que “este proyecto de ley de lectura única responde al compromiso del Gobierno de Canarias en la defensa de nuestros caseríos y asentamientos tradicionales, cuyo valor etnográfico, histórico y cultural tenemos la obligación de preservar, en consonancia con la estrategia del reto demográfico y como pieza fundamental en la conservación de nuestros espacios naturales”.
En el caso de Cofete, la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial reconoció como preexistente este asentamiento rural, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural, tanto para este asentamiento como para la localidad del Puerto de la Cruz, en el mismo enclave, que sí fue delimitada y regularizada en su momento.
La ley de lectura única es uno de los procedimientos legislativos especiales recogidos en el capítulo III del Reglamento del Parlamento de Canarias, y se aplica a la tramitación de aquellos proyectos y proposiciones de ley cuya especial naturaleza o simplicidad de formulación así lo permitan. Se caracteriza por la apertura de un plazo común de enmiendas a la totalidad y al articulado, y por la omisión de los debates en ponencia y en comisión. La iniciativa y, en su caso, las enmiendas presentadas se debaten y se votan directamente en el Pleno de la Cámara (artículo 148 RPC). El objetivo es acelerar la aprobación de una ley.
