Drago Canarias asegura haber recibido testimonios de varias personas trabajadoras del hotel Riu Oliva Beach que afirman haber recibido presiones en relación a la sentencia de demolición, según un comunicado remitido por la formación.
Además, el escrito de alegaciones presentado por un colectivo de trabajadores del complejo, reiterando las ya planteadas por la mercantil y asegurando representar la voluntad de los trabajadores, "solo ha sido firmado por menos de la mitad de la plantilla", que está formada por en torno a 400 empleados.
Tal y como ha explicado la portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, Aceysele Chacón, “muchos de los trabajadores y trabajadoras no se sienten libres de expresar abiertamente su opinión” y añade que “el hecho de que el escrito haya sido firmado por menos de la mitad de los trabajadores indica claramente que la mayor parte de la plantilla del Oliva Beach entiende que si el hotel ha incumplido la concesión, debe hacerse responsable”.
“Este expediente ha estado más de veinte años en trámite, y la empresa ha tenido tiempo más que suficiente para enmendar sus errores, pero ha preferido mantener en explotación los hoteles situados dentro del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, hecho que por otro lado nunca debió producirse”, prosigue la portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, y recalca que “han alargado la batalla jurídica todo lo que han podido, con querellas ya desestimadas e incluso llegando a utilizar a los trabajadores para defender sus intereses y continuar lucrándose a costa de nuestro suelo”.
En este sentido, Chacón sostiene que “resulta indignante y oportunista que las distintas administraciones canarias defiendan el complejo turístico con la excusa de mantener los puestos de trabajo” y hace hincapié en que “desde el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva no se haya velado por los derechos de esas personas trabajadoras que pueden perder su trabajo, garantizando una transición justa para todas ellas, ofreciendo soluciones reales, y que, en su lugar, las administraciones institucionales en Canarias hayan primado el interés de la empresa multinacional que, de acuerdo con la resolución, se habría saltado deliberadamente las condiciones de la concesión”.
Asimismo, Chacón recuerda que “la sentencia que obliga a la demolición del hotel Oliva Beach se sustenta en hechos muy graves, entre ellos la construcción y venta de una veintena de apartamentos en suelo público” y añade que “también se realizaron obras de rehabilitación y mantenimiento cuando previamente existía una licencia de demolición de las instalaciones no contempladas en la concesión, se realizó un vallado perimetral que impedía acceder al espacio público y se constató en una inspección que la desaladora no estaba desechando correctamente el rechazo de salmuera generado y que ninguna de las dos depuradoras estaba en funcionamiento”.
La portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura concluyó reconociendo “el esfuerzo de asociaciones ecologistas como Agonane y Turcón, pertenecientes a la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, por seguir este caso y personarse en la causa en búsqueda de justicia y protección del entorno, que es de todos”.
