El Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario condena a Domingo González Arroyo a tres años de cárcelo por dos delitos contra la Hacienda Pública, según informa Diario de Fuerteventura.
Según destaca en la información el Diario, la sentencia, que da la razón al Ministerio Fiscal, representado por el fiscal especializado en delitos económicos,Tomás Fernández de Páiz, considera acreditado que González Arroyo controlaba como administrador de hecho la empresa Calaofu, que defraudó 407.620 euros a Hacienda en los años 2009 y 2010.
El Márqués de las Dunas, como se conoce popularmente al exalcalde de La Oliva y líder de Gana Fuerteventura, tendrá que hacer frente a la citada pena de tres años de prisión (un año y seis meses por el fraude de 2009 y la misma condena por el de 2010), además de a sendas multas que suman 815.241 euros (437.849 euros por el año 2009 y 377.392 euros por el ejercicio 2010).
Diario de Fuerteventura recoge que en el "caso de impago", aclara la sentencia, se le impondrá "una responsabilidad personal subsidiaria de 10 meses de privación de libertad" por cada uno de los dos delitos de fraude a Hacienda, lo que sumaría otro año y ocho meses de prisión adicional.
Además, en concepto de responsabilidad civil, González Arroyo tendrá que abonar otros 407.620 euros, como indemnización a la Hacienda Pública, de forma conjunta y solidaria con los otros dos condenados: el administrador de derecho de la sociedad, Eduardo Espinel, que fue chófer del Ayuntamiento de La Oliva, y la propia empresa.
Espinel ha sido condenado a las mismas penas que González Arroyo (tres años de cárcel, 815.241 euros de multa directa y 407.620 euros de indemnización de forma conjunta con el 'Marqués' y la empresa).
Por su parte, la empresa tiene que pagar una multa directa de 377.392 euros por el fraude cometido en el año 2010, cuando ya las sociedades mercantiles tenían responsabilidades penales.
Fraude con la RIC
La empresa Calaofu, una de las sociedades que forman parte del entramado mercantil vinculado a Domingo González Arroyo, efectuó una dotación para la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) con cargo a los beneficios de los años 2005 y 2006 por un importe de 605.000 y 600.000 euros, respectivamente.
González Arroyo y Espinel, "puestos previamente de acuerdo" y "con claro ánimo de defraudar a la Hacienda Pública, presentaron deliberadamente en las declaraciones relativas al impuesto sobre sociedades" de los años 2009 y 2010, cuando tenían que haber materializado la RIC, "bases imponibles contrarias a la normativa fiscal".
Una empresa controlada por el ‘Marqués de las Dunas’ defraudó más de 407.000 euros a Hacienda
La sentencia, dictada por la magistrada Alicia Buendía, considera probado que los condenados incorporaron "gastos no deducibles" y "materializaciones indebidas", vulnerando la ley. Así, la materialización de la RIC dotada en 2005 consistió en suscribir una ampliación de capital de la empresa "vinculada" Lubricantes La Oliva por importe de 555.066 euros, mediante una transferencia de medio millón de euros, una operación que no era válida para justificar la Reserva de Inversiones.
De hecho, añade la sentencia, esa otra empresa vinculada a González Arroyo (Lubricantes La Oliva), "tampoco realizó ningún tipo de inversión en activos fijos antes del 31 de diciembre de 2009", cuando vencía el plazo para materializar la Reserva de Inversiones del ejercicio 2005.
Por su parte, para tratar de justificar la RIC de 2006 se realizaron dos ampliaciones de capital de otras empresas vinculadas al entramado de González Arroyo: PILA SA, por 348.657 euros, sin que ni siquiera se desembolsase dinero sino mediante "una compensación de supuestas deudas" con Calaofu, y Radio Difusión de Fuerteventura SA, por 190.467 euros. En este segundo caso tampoco se efectuó ninguna aportación económica sino otra compensación por supuestas deudas.
Al igual que con la operación realizada a través de la empresa Lubricantes La Oliva para tratar de justificar la RIC, ni las empresas PILA ni Radio Difusión de Fuerteventura "realizaron ningún tipo de inversión en activos fijos", como obliga la normativa de la Reserva de Inversiones de Canarias.
"Evidente perjuicio" a Hacienda
La sentencia resalta que los condenados "omitieron" el ingreso de las "cuotas reales" de los impuestos de los años 2005 y 2006 de la empresa controlada por Domingo González Arroyo, causando un "evidente perjuicio" a la Hacienda Pública. La empresa vinculada al 'Marqués' debería haber ingresado 218.924 euros por el primer ejercicio y 188.696 euros por el segundo. Si el fraude supera los 120.000 euros por año, la ley lo considera delito.
