El Gobierno no ha pagado
La consejera de Economía y Hacienda del Cabildo de Fuerteventura reconoce un “desequilibrio presupuestario” motivado por que el Gobierno de Canarias no transfirió a la corporación cerca de 20 millones de euros previstos en los fondos FDCAN.
“Quiero dejar claro que el Cabildo no está en bancarrota, ni tiene un agujero negro, ni está endeudado, para nada". Así comenzó la entrevista con la consejera en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, donde quiso despejar cualquier duda surgida a raíz de un informe de la corporación que refleja un “desequilibrio” en las cuentas.
Cabrera explicó que existe un leve desequilibrio presupuestario derivado de un retraso en la transferencia de cerca de 20 millones de euros correspondientes a los fondos FDCAN por parte del Gobierno de Canarias que debería haber hecho efectivo el ingreso a 31 de diciembre.
Según aclaró la consejera, "una vez que se efectúe esta transferencia, el presupuesto quedará equilibrado automáticamente". Se trata de un problema compartido con otros cabildos canarios debido al cambio en las normas de gestión financiera por parte del Ejecutivo autonómico. Un cambio, afeó, sobre el que el Ejecutivo debería haber informado previamente.
Ejecución récord
En esta línea, destacó la ejecución presupuestaria récord del año 2024. "En el ejercicio 24 tuvimos el estado de ejecución más alto de la historia con 192 millones de euros pagados". De estos recursos, aproximadamente 60 millones se destinaron a mejorar infraestructuras hidráulicas, un área crucial debido a los graves problemas de abastecimiento de agua sufridos por la población durante los últimos años, reconoció.
Cabrera detalló que el Cabildo actualmente gestiona un presupuesto de 212 millones de euros tras la incorporación de 31 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería.
De forma paralela impulsa un Plan Económico Financiero que prevé aprobar en sesión plenaria extraordinaria el próximo 16 de abril. Un documento obligado por el desequilibrio reflejado y que “en el propio Plan viene claro que se produce por la falta de esos ingresos del FDCAN”, subrayó.
Entre las prioridades de inversión que se contemplan, y a la espera de una planificación más detallada, destacan obras de infraestructura como carreteras, mantenimiento y construcción de rotondas muy demandadas por diferentes localidades, y mejoras en el sistema de residuos, incluyendo la creación de una nueva celda en el complejo ambiental.
Refuerzo de las oficinas técnicas de los ayuntamientos majoreros
Otra cuestión abordada por Cabrera durante la entrevista fue la dificultad administrativa y burocrática en la gestión pública. La consejera expresó que las complejidades legales y procedimentales son barreras frecuentes que ralentizan proyectos esenciales, como la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, cuyo inicio se ha retrasado por recursos administrativos y procesos burocráticos que dilatan significativamente los plazos.
En este sentido, también explicó los retos derivados del vencimiento del convenio de colaboración con varios ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para reforzar sus oficinas técnicas.
"El convenio tenía una duración de tres años y, una vez finalizado, no se puede prorrogar porque supondría un fraude de ley. No pueden realizar funciones estructurales con figuras temporales", explicó Cabrera.
Esto ha generado una paralización en algunos consistorios como Tuineje, Antigua o Betancuria, donde el personal contratado a través del proyecto ha tenido que cesar su actividad, generando incluso demandas judiciales.
Desde el Cabildo se está buscando una nueva fórmula jurídica para prestar asistencia técnica estable y garantizar el funcionamiento de estas oficinas fundamentales para sacar adelante proyectos municipales.
Respecto al tercer sector, Cabrera destacó la importancia de las asociaciones que trabajan en áreas sensibles y la necesidad de mantener una financiación estable y anticipada para evitar problemas económicos como los sufridos en años anteriores. "La partida del tercer sector en temas de convenios casi alcanza los cinco millones de euros, asegurando pagos anticipados y estables durante 17 meses", señaló, instando también al Gobierno a implicarse más con el tejido asociativo.
El convenio para reforzar las oficinas técnicas de los ayuntamientos tenía una duración de tres años y, una vez finalizado, no se puede prorrogar porque supondría un fraude de ley. No pueden realizar funciones estructurales con figuras temporales.
Para concluir, Nuria Cabrera también abordó la problemática salarial existente entre los trabajadores de empresas subcontratadas, destacando las dificultades legales para aplicar complementos salariales compensatorios. Se había anunciado un complemento de 200 euros pero el informe de Intervención, totalmente en contra, “fue demoledor”.
Por eso, afirmó que desde el Cabildo se están buscando alternativas jurídicas para mejorar las condiciones laborales de estos empleados, aunque reconoció dificultades debido a las estrictas normativas vigentes.
