El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado este viernes que va a promover que “uno de los incentivos fiscales más potentes del Régimen Económico y Fiscal (REF) del archipiélago se active para contribuir a paliar la crisis habitacional de las islas, impulsando que el sector privado invierta en viviendas destinadas al alquiler”.
En una comparecencia ante los medios de comunicación acompañado por el comisionado del REF de Canarias, José Ramón Barrera, Domínguez señaló que el proyecto abre una alternativa a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para canalizar inversiones de empresas y autónomos locales hacia el mercado inmobiliario por alrededor de 2.000 millones de euros, que están pendientes de materializar, según la Agencia Tributaria.
“Es una medida más, no la solución al problema”, subrayó el vicepresidente del Gobierno canario, convencido de que “este incentivo del REF podría tener un impacto inmediato para ampliar la oferta de inmuebles en alquiler, que hoy es insignificante, y mejorar la vida de las familias y jóvenes que viven en Canarias y ven limitada su movilidad laboral y su desarrollo personal ante el alto coste de los pisos, que asfixia sus economías domésticas”.
Canarias es la segunda comunidad autónoma, por detrás de Baleares, donde el arrendamiento tiene mayor peso en el mercado inmobiliario, con un 28,5% del total, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En este contexto, el Banco de España ha alertado acerca del sobresfuerzo que exige hoy para los inquilinos de las islas pagar la mensualidad, un gasto que representa casi la mitad de los salarios familiares, cuando lo deseable es que no exceda del 30%.
Lejos de moderarse, la tendencia sigue al alza con precios inasumibles para la mayoría. El estancamiento de la oferta ha provocado una escalada de los alquileres durante el último año del 13%, según los portales especializados. Esto sitúa a las islas entre las cuatro comunidades autónomas con los alquileres más caros, junto a Baleares, Madrid y Cataluña. Una situación que preocupa especialmente al Ejecutivo ya que el archipiélago es también una de las regiones con los salarios más bajos.
El vicepresidente espera que “este estímulo a la inversión privada en el sector inmobiliario impulse un cambio de tendencia, moderando los precios de los alquileres y haciendo que se incorporen al mercado viviendas que están vacías, que hay que rehabilitar porque han quedado obsoletas o están en estado ruinoso y se finalizarse la construcción de las que están inacabadas”.
El comisionado del REF, por su parte, explicó que estuvo permitido aplicar la RIC al alquiler residenciales hasta que en 2006 se canceló “sobre la falsa creencia de que estaba ejerciendo un efecto negativo sobre los precios, obviando que el incremento se estaba produciendo de forma generalizada, en todo el territorio nacional, también donde no se aplicaba ningún incentivo fiscal”.
José Ramón Barrera detalló que, según la normativa que reglamenta la aplicación de la RIC, la inversión en vivienda deberá mantenerse al menos cinco años. Además, para dar mayor seguridad jurídica a la medida, recomendará en su propuesta de reforma que se introduzca el requisito de que la vivienda se ponga en alquiler de manera efectiva en un plazo corto de tiempo y que sea residencia habitual del inquilino.
La Reserva para Inversiones en Canarias facilita que las pymes, que constituyen un 97% del tejido empresarial local, y los más de 140.000 trabajadores por cuenta propia de las islas obtengan una reducción fiscal de hasta el 90% en el impuesto de sociedades y del 80% en el IRPF para que dediquen sus beneficios principalmente a ampliar o modernizar su equipamiento e instalaciones y crear puestos de trabajo.
Ampliar la RIC a la vivienda para alquiler requerirá modificar la ley estatal del REF. La Constitución establece que este proceso se inicie con un informe favorable de la Comunidad Autónoma, que será elevado al Gobierno central. Asimismo, el proyecto de reforma será remitido al Parlamento de Canarias para su debate y votación. Seguirá su trámite siempre que consiga el respaldo de dos terceras partes de los diputados de la Cámara regional.
José Ramón Barrera apeló a la necesidad de “modernizar y hacer que el REF sea más flexible” para adaptarse a las necesidades sociales y económicas. En este sentido, recordó que el fuero incluyó en su día la opción de aplicar la RIC a la vivienda turística, pero ante el crecimiento exponencial del sector se buscó desincentivar su expansión prohibiendo en 2018 esa finalidad.
Barrera destacó también que, en esa reforma, hace ahora cinco años, se abrió la posibilidad a las empresas de invertir sus beneficios en sectores de alto impacto social, como la promoción de viviendas de VPO destinadas a arrendamiento, en centros sociosanitarios, residencias de mayores y geriátricos.
La demanda aumenta un 50%
Las condiciones del mercado inmobiliario, junto con las del trabajo y el endurecimiento del crédito, hacen que sea cada vez más difícil acceder a una vivienda. Además, la inflación, el freno a la construcción que supuso la crisis de 2008, la complejidad de la planificación urbanística, la escasez de suelo y el crecimiento demográfico de las Islas han empujado con fuerza la demanda frente con una oferta incapaz de dar respuesta.
Canarias cuenta con un parque inmobiliario de 1.088.700 viviendas, según el Censo de Población y Vivienda del INE. El informe destaca el avance que ha tenido en la última década la demanda del alquiler y pone el foco en Santa Cruz de Tenerife, una de las capitales de provincia donde más aumentó, un 50%, pasando de representar el 16% al 24% de los inmuebles. Algo similar sucede en Las Palmas de Gran Canaria, donde avanza del 16% al 22%.
Aumentar la oferta de vivienda pasa por reforzar el stock de un mercado del alquiler bajo mínimos, en el que también hay 211.331 viviendas vacías, un 18% del total. Ese es el dato que deja el último censo del INE. El estudio se basa en los registros de consumo eléctrico de los hogares y estima no solo las viviendas que están cerradas sino también las que tienen un uso esporádico. En las islas hay 25.829 los inmuebles que son utilizados solo un mes al año y 83.722 se ocupan entre uno y tres meses.
