Los colectivos sociales de La Oliva barajan la posibilidad de abandonar el Comité de Participación Ciudadana después de que durante el último pleno, celebrado este jueves, la alcaldesa, Pilar González, “nos tratara con prepotencia, como si fuéramos de la oposición” incluso, acusándonos de “intoxicar el debate”.

Así lo destacaron en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular, el presidente de la asociación de vecinos La Capellanía, Daniel Bastos, y la integrante de la plataforma Salvar El Cotillo, Aceysele Chacón.

Según explicaron, la tensión se centró en el punto relativo al desarrollo del Plan General de Ordenación de La Oliva.

Un documento necesario, importante que debe entrar en vigor cuanto antes aunque “tiene que  contar con la participación ciudadana durante todo el procedimiento”.

El Ayuntamiento de La Oliva aprobó la redacción de un documento preliminar que fue encargado por 57.000 euros “a los de siempre” y que se presentó en una supuesta consulta pública el 9 de marzo de 2020, varios días antes del confinamiento por Covid.

El anuncio “está oculto en la web y cuesta encontrarlo” y no es una verdadera consulta popular, insistieron, sino que “se invita al despacho de la Alcaldía, en horario de 9:00h a 14:00 para conocer el documento”.

Se trata de una consulta pública cuestionable sobre un documento que propone cuatro alternativas para el desarrollo del municipio. Alguna de ellas contempla la creación de 8.000 nuevas camas turísticas, criticaron.

Pero lo más alarmante, es que evidencia que “hay ganas de unir El Roque con El Cotillo. Es la clave”. También el desarrollo de la zona de Bristol.

Ahora el documento está a la espera de los informes medioambientales que, siendo vinculantes, podrían determinar el devenir del municipio.

Por eso, las entidades sociales participantes, entre las que se encuentran también Raíz del Pueblo, el AMPA, Cotillo Joven o Agogane, piden que se revoquen todos los trámites desarrollados desde el inicio y se abogue por empezar de nuevo el procedimiento permitiendo a la ciudadanía opinar sobre el desarrollo de La Oliva porque afecta, insistieron, en la calidad de vida, en la salud, en el cuidado del entorno y también en la propia identidad.

De momento, varios colectivos cuestionan seguir participando en este órgano y han abandonado el chat de Participación Ciudadana. Además, han solicitado el audio de la sesión, sin éxito.

El gobierno local se escuda en la ley de protección de datos para no facilitar el testimonio a los participantes y anuncia la publicación de una resolución para que las sesiones no se graben en un futuro, a pesar de que las sesiones políticas se emiten en directo vía streaming.