Según el comunicado, la sanción más reciente se impuso tras una manifestación celebrada el 20 de octubre de 2024 en Gran Canaria. La delegación del Gobierno acusó al movimiento de intentar acceder a dos hoteles, pero el grupo rechaza estas acusaciones y asegura que “la sanción presenta graves defectos de forma”, señalando que el incidente citado por las autoridades supuestamente ocurrió después de que la manifestación hubiese concluido. “Ponemos a disposición de la administración pública y la ciudadanía vídeos y testimonios que demuestran inequívocamente que no hubo tal incidente”, afirma el texto.
El comunicado también señala otros episodios recientes. En Tenerife, tras la misma manifestación, se impuso una multa de 100 euros al movimiento por una presunta desviación del recorrido autorizado, algo que niegan que haya ocurrido. Además, mencionan multas impuestas en Gran Canaria, donde tres activistas fueron sancionados con 600 euros cada uno por una acción simbólica en el ayuntamiento de Agüimes.
En total, `Canarias Tiene Un Límite´ asegura haber recibido sanciones por un monto de 3.500 euros, sin contar las impuestas a otros colectivos en el archipiélago, como los relacionados con las protestas contra proyectos turísticos como Cuna del Alma y el hotel de La Tejita. “Estos hechos evidencian una estrategia de sancionar y perseguir a quienes defienden el territorio y los derechos sociales frente a políticas predatorias que benefician únicamente a la patronal turística”, subraya el comunicado.
La plataforma critica duramente a las administraciones públicas, acusándolas de “doblegarse a la patronal turística” mientras los índices de pobreza en las islas continúan siendo alarmantes. “No solo se niegan a escuchar nuestras demandas, sino que intentan deslegitimarnos mediante multas y acusaciones infundadas”, denuncian.
A pesar de estas acciones, el movimiento reafirma su compromiso con la lucha social y ambiental. “No permitiremos que intenten silenciar nuestra lucha con sanciones ni amenazas”, aseguran, al tiempo que hacen un llamamiento a la sociedad civil para unirse a sus movilizaciones. Defender el territorio y los derechos sociales no es un delito, "es una tarea de todas y todos”, concluyen.
